sábado, 29 de noviembre de 2008

Argentina, Quilmes: Problemas edilicios en el arranque del fuero juvenil

"El fuero de Responsabilidad Penal Juvenil comenzó a funcionar ayer en todos los departamentos judiciales de la Provincia. Y la puesta en marcha generó evaluaciones contrapuestas: mientras funcionarios del gobierno y el Poder Judicial dijeron que no se registraron mayores inconvenientes, el gremio judicial puso el foco en los problemas edilicios que se produjeron en algunas localidades del Conurbano.

De esta forma, aún con dificultades, comenzó a funcionar el nuevo sistema que reemplaza a la ley de Patronato. Esta norma apunta a no internar en instituto a los menores con causas asistenciales y asegurar un "juicio justo" a aquellos que cometen delitos.

En rigor, ayer arrancó el fuero en varios distritos y departamentos judiciales -en otros estaba en funcionamiento-, luego de varias prórrogas producto de la falta de edificios para albergar a los nuevos tribunales y de que faltaban nombrar funcionarios.

La puesta en marcha del nuevo sistema de minoridad estaba prevista en tres etapas definidas por la Suprema Corte de Justicia y ayer se venció el plazo establecido para la última.

El cronograma establecido por el máximo tribunal judicial dispuso que antes del 15 de julio debía ponerse en marcha el fuero juvenil en los departamentos judiciales de La Plata, San Martín, Quilmes, Necochea y Trenque Lauquen.

La segunda etapa preveía que durante los meses de agosto y septiembre, el nuevo sistema debía implementarse en los departamentos judiciales de Azul, Mercedes, Pergamino, San Nicolás, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Morón y Zárate-Campana.

La tercera etapa del cronograma de la Corte disponía que entre octubre y noviembre se pusiera en funcionamiento el fuero de minoridad en Lomas de Zamora, Mar del Plata y San Isidro.

DIFICULTADES

El Gobierno debió sortear varias dificultades para poder cumplir con el cronograma establecido por la Corte, ya que tuvo problemas para instrumentar en tiempo y forma las dos primeras etapas. Por eso, tras admitir la existencia de "falencias" que dificultaban la puesta en marcha del fuero, el máximo tribunal ratificó hace dos semanas la obligación de la administración provincial de implementar el nuevo sistema antes del 1° de diciembre.

El tribunal recordó que en el momento de ponerse en marcha la primera y la segunda etapa del nuevo sistema "se postergó el inicio de las actividades en los departamentos judiciales Trenque Lauquen, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Morón y Zárate-Campana".

En el caso de los departamentos judiciales de Bahía Blanca y Junín, la Corte recordó que la postergación del comienzo de actividades "obedeció a las grandes distancias existentes entre los órganos del fuero y los centros de contención y recepción que se encontraban funcionando".

Hace dos semanas la Corte emitió un fallo en el que dispuso que "a partir del 28 de noviembre" se implemente el fuero "en los departamentos judiciales Bahía Blanca, Junín, La Matanza, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Dolores, Morón, San Isidro (sólo en la cabecera departamental), Trenque Lauquen y Zárate-Campana".

El Gobierno acató la decisión del tribunal y ayer puso en marcha en su totalidad el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Según informaron fuentes gubernamentales, de la Corte y de la Procuración, el sistema arrancó "sin mayores inconvenientes" en los departamentos judiciales en los que aún no había sido implementado. Por lo tanto, funciona a pleno en toda la Provincia.

RECLAMO

En cambio, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) denunció la "pésima implementación" de la ley penal juvenil en lo referido a infraestructura, ya que varios de los nuevos funcionarios y órganos judiciales creados no cuentan con un lugar en el cual desarrollar sus tareas.

En Lomas de Zamora, por ejemplo, una jueza tuvo que atender en un pasillo porque no cuenta con oficina ni mobiliario para su despacho, según denunciaron dirigentes del sector.

El secretario gremial de la AJB, Daniel Pérez Guillén, precisó también que en La Matanza los peritos, médicos, trabajadores sociales y psicólogos debieron recibir a los jóvenes en un garaje.

"No se nombraron a los coordinadores en los departamentos, con lo cual todo carga sobre la espalda de los trabajadores sin los medios, organización y previsión adecuada", dijo el dirigente.

"Se lo planteamos al presidente de la Corte y estamos preparando una notificación para el gobernador Scioli y pedido de audiencia para la próxima semana", agregó Guillén."

jueves, 27 de noviembre de 2008

El costo de mantener a un recluso

Artículo en La Segunda.
Bernardita Williamson, Fundación Paz Ciudadana.

Para atender a la creciente población recluida y mejorar las malas condiciones existentes al interior de los recintos penales, en 2002 el Gobierno impulsó un programa de cárceles concesionadas que establecía la construcción de 10 establecimientos penitenciarios que debían estar operativos en un período de 4 años, aumentando la capacidad en 16 mil plazas.
En la actualidad están en funcionamiento sólo seis de estas cárceles concesionadas, las cuales cuentan con una capacidad total de alrededor de 10 mil plazas y albergan aproximadamente al 20% de la población penal nacional. A pesar de este aumento de la capacidad, como la población recluida se ha incrementado en 89,7% durante la última década, aún sigue existiendo una importante tasa de hacinamiento.
Adicionalmente, el problema se agrava si se consideran los altos costos que implica mantener a personas recluidas en ambos tipos de recintos penales. En los últimos meses se ha intentado responder a la interrogante de cuánto cuesta mantener a un recluso y se han presentado algunas estimaciones que conviene revisar. Mediante un cálculo sencillo, considerando el presupuesto total de Gendarmería que corresponde al sistema cerrado y el número de personas que deben permanecer recluidas, es posible obtener que el costo mensual de mantener un interno en una cárcel pública es de $242.528. Por su parte, en el caso de las cárceles concesionadas, según fuentes de Gendarmería, el costo es aún mayor, debido a que los estándares (como infraestructura, alimentación, etc.) son también superiores, alcanzando a ser en promedio $372.215 mensuales, es decir 53% por sobre el costo en las cárceles públicas. Es así como mantener a una persona presa durante un mes en una cárcel pública supera ampliamente al salario mínimo (de $159.000), mientras que en una concesionada cuesta más del doble de éste.
Financiar la reclusión tiene un alto costo para el país. Indudablemente, respecto de ciertos delitos, no importa cuánto cueste esa mantención, porque el objetivo principal es inhabilitar a quienes los han cometido. Sin embargo, si las políticas se orientan a condenar a todos a penas privativas de libertad, sin considerar que, en casos específicos, las medidas alternativas, estructuradas adecuadamente y sin dejar espacio para la impunidad, pueden ser más eficientes, se estará gastando recursos sin lograr el objetivo tan deseado de reducir la delincuencia.