Columna de la Defensora Nacional, Paula Vial, publicada en The Clinic del jueves 29 de enero.
"Durante el año 2008, de todos los imputados atendidos por la DPP, cerca de 300 personas que fueron absueltas al finalizar su proceso, estuvieron en prisión preventiva durante la investigación. Un número que asombra y preocupa.
En el promedio de los últimos cinco años, un 19% de los absueltos estuvo también privado de libertad mientras el Ministerio Público investigaba su eventual participación en diversos delitos.
Aún más grave: en los primeros dieciocho meses de aplicación de la ley de responsabilidad penal adolescente, el 89% de los jóvenes que estuvieron en internación provisoria, presos en centros de detención del Sename, fueron finalmente absueltos o condenados a penas no privativas de libertad.
La Convención de los Derechos del Niño, promulgada y vigente en Chile desde hace más de 18 años, así como la Ley de responsabilidad penal adolescente, establecen la obligación del Estado de adoptar las medidas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico y mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación.
¿Es igual nuestra indignación cuando vemos o sabemos de un niño que vive bajo un puente, abandonado o maltratado por sus padres, que si lo vemos en las calles o en las noticias robando una cartera o asaltando una farmacia?
Ya hemos llegado tarde. Esos niños ya han dejado la escuela, ya han conocido la calle, el frío, el hambre, las drogas, la violencia de sus padres, la ausencia de ellos, en una espiral sin fin de marginalidad. Son los 300 y más inmolados que deben enfrentar solos al enemigo. Y cuando llegamos a rescatarlos, a reforzarlos, lo hacemos castigándolos por no respetar valores, que finalmente ni conocen. Y los encerramos.
En lugar de ofrecerle a un niño un buen desayuno, cobijo, un libro y juguetes, una semana de vacaciones en la playa o en el campo, un partido de fútbol entre compañeros o un rato de ocio sano, le recordamos cuando ha fallado (él y sus padres y la comunidad y el Estado subsidiariamente) y le damos la "oportunidad" de un encierro con algunos programas de entretenimiento y educación morosa.
La cárcel suele ser el único recurso, siempre tardío, que se nos ocurre para solucionar problemas de desadaptación a las normas. No consideramos que es justamente el ambiente en el que mayor desadaptación se puede generar a las lógicas sociales de convivencia. ¿Cómo se explica si no, que encarcelemos a tantos jóvenes para luego dejarlos libres sin entregarles herramientas, ni antes ni después? Un 89% de ellos, casi por si acaso... Casi, como pena anticipada. Casi, como un castigo por nuestra ineptitud en darles alternativas e instrumentos adecuados. Y en estos últimos meses el promedio de tiempo en internación provisoria ha aumentado de 60 a 74 días.
Perder la libertad tiene efectos muy perturbadores para quien lo experimenta, que se ven agravados si quien está sometido a la prisión sufre de algún trastorno mental o tiene condiciones de desarrollo inacabadas y de mayor fragilidad, ya sea porque padece alguna enfermedad mental o bien porque es un joven en formación. El menor tiene que aprender nuevos hábitos de convivencia, nuevas estructuras de autoridad y de orden, acomodándose rápidamente a un ambiente y reglas que desconoce. Se exacerba aún más la natural tendencia al suicidio o a sufrir enfermedades mentales que se produce en prisión por la separación de la familia, la falta de privacidad, la pérdida de autonomía, la masificación y/o el aburrimiento. Es sabido que la situación de privación de libertad constituye un factor de riesgo en el desencadenamiento de conductas suicidas. El stress del encierro, tan difícil de tolerar en esa etapa de la vida, se agrava con la inestabilidad del ánimo, la impulsividad y la baja tolerancia a la frustración, rasgos presentes en la mayoría de los adolescentes que infringen la ley, casi todos ellos con historias de vida marcadas por la violación de derechos.
Todos los jóvenes, infractores o no, necesitan amor, padres, límites, educación, salud, mucha diversión, deportes... Pero la principal respuesta del Estado (y la única que quiere la opinión pública) para los más menesterosos es la cárcel.
Hace casi 2500 años, 300 espartanos de las Termópilas eligieron su destino de mártires-héroes de una guerra para evitar la invasión de los helenos por los persas. Los 300 inocentes no han ofrecido su victimización a cambio de nada. Se han transformado en víctimas involuntarias de las que no obtenemos sino el ejemplo de la injusticia y la falta de solidaridad para con nuestra juventud, sin visión de futuro. La inversión de preocupación y amor en ellos es de una mejor rentabilidad hoy, en tiempos de crisis y hacia donde debiéramos dirigir nuestros bonos."
El Comité Asesor Federal sobre Justicia Juvenil (FACJJ, por sus siglas en inglés) ha publicado su Informe Anual 2008 al Presidente y el Congreso.
