Artículos/Papers

SOLER Public Opinion on Youth, Crime, And Race a Guide for Advocates

2011-06-21T16:45:00.002-04:00

SOLER Public Opinion on Youth, Crime, And Race a Guide for Advocates

UNICEF &; UNODC, Manual Para Cuantificar Los Indicadores de La Justicia de Menores

2011-06-21T16:43:00.002-04:00

UNICEF & UNODC, Manual Para Cuantificar Los Indicadores de La Justicia de Menores

DORFMAN Off Balance Youth, Race & Crime in the News

2011-06-15T16:44:00.000-04:00

DORFMAN Off Balance Youth, Race & Crime in the News

Latessa, E.J. & Lowenkamp C.T. (2006) What Works in Reducing Recidivism

2011-06-03T16:46:00.000-04:00

Latessa, E.J. & Lowenkamp C.T. (2006) What Works in Reducing Recidivism

UNICEF Costa Rica. De la arbitrariedad a la justicia

2011-05-20T19:21:00.002-04:00

UNICEF C RICA de La Arbitrariedad a La Justicia

The British Journal of Criminology: Nuevos artículos sobre justicia juvenil

2011-02-09T08:27:00.002-03:00

En número de enero del The British Journal of Criminologý vienen cuatro papers muy interesantes sobre justicia juvenil que no me resisto a recomendar como lecturas de verano.

- "Youth Justice And Neuroscience: A Dual-Use Dilemma", de Charlotte Walsh.
La profesora Walsh, académica de la Universidad de Leicester,

- "Illusions Of Difference: Comparative Youth Justice in the Devolved United Kingdom", de John Muncie.

- "Emotions and Interaction Ritual: A Micro Analysis of Restorative Justice" de Meredith Rossner.

- "The Construction and Interpretation of Risk Management Technologies in Contemporary Probation Practice" de Karen Bullock.

Confesión y nuevo sistema de justicia, por Cristián Riego

2011-02-02T09:17:00.001-03:00

Tribuna en El Mercurio, Jueves 27 de Enero de 2011

"El reciente veredicto dividido del caso de múltiples homicidios de calle Seminario ha puesto sobre el tapete el tema del trato que debe darse a la confesión en el nuevo sistema de justicia criminal.
Simplificando la cuestión, me parece que los problemas centrales son dos. El primero, ¿puede usarse una confesión obtenida en forma previa al juicio si el imputado decide no declarar en el mismo? En mi opinión, la respuesta debe ser claramente positiva en el caso de que la declaración anterior al juicio haya sido voluntaria.

La ley exige que los policías que practiquen la detención informen al imputado de su derecho a guardar silencio, pero este derecho es renunciable y si el imputado renuncia a él, lo que diga puede ser usado en su contra durante el juicio. Si bien nuestra ley, a diferencia de otras, no indica explícitamente esta última consecuencia de la renuncia, ella es obvia y está implícita. La regulación chilena proviene de la tradición norteamericana originada en el caso Miranda vs. Arizona y en esta tradición todo el sentido de los controles sobre la confesión está vinculado a su posterior uso en el juicio.
En consecuencia, creo que si el fiscal cuenta con una confesión obtenida legítimamente, puede usarla en el juicio, aunque el imputado guarde silencio en el mismo.

El segundo problema es más complicado y consiste en determinar cuál es el medio para acreditar en el juicio tanto el contenido de la confesión como las condiciones de su legitimidad. Es decir, cómo informar al tribunal de lo que el imputado dijo además del hecho que lo hizo voluntariamente, sin presiones ilícitas.

Este es un problema importante, porque la confesión es un material que puede ser muy útil para determinar la verdad, pero también puede conducir a los mayores errores. La experiencia de diversos países muestra que las falsas confesiones son una de las principales causas de condenas de inocentes, no sólo en los casos más groseros en que la policía las inventa o las obtiene por medio de apremios, sino también en casos en que por temor, falta de información, problemas de carácter u otros los imputados confiesan falsamente o dicen cosas que pueden ser interpretadas erróneamente como confesiones.

En este juicio, como en muchos otros, lo que se hizo fue acreditar la confesión por medio de la declaración de los policías que escucharon la confesión. Este método es problemático y en general podemos considerarlo como un soporte de mala calidad. El problema reside en que para que los jueces puedan decidir si creen o no la confesión necesitan información muy precisa sobre elementos colaterales, tales como la forma en que se realizaron las preguntas, el estado de ánimo del imputado, la forma en que construye su discurso, la precisión y el detalle de la información que entrega, entre muchos otros. Asumiendo que se trata de policías honestos, que creen haber escuchado una confesión verídica, el problema es que respecto de todos estos elementos colaterales que necesita el juez para valorar la confesión los policías son una fuente de información muy poco confiable. Esto porque como todo profesional que cree en el resultado de su trabajo, los policías tenderán naturalmente a defenderlo y a presentar los detalles de un modo que resulte consistente con la conclusión que afirman. Es muy difícil que puedan dar información objetiva sobre cuestiones bastante sutiles como las descritas. Dicho de otro modo, es muy difícil que los jueces puedan detectar problemas de voluntariedad o sinceridad en una confesión cuando la perciben a través del relato de los policías que la tomaron y que creen en ella.

La mejor práctica comparada muestra que la forma apropiada de presentar una confesión en juicio es por medio de un video que registre su desarrollo, grabado con ciertos mecanismos técnicos de resguardo. En ese video se deben contener tanto las preguntas como las respuestas que se refieran tanto a la voluntariedad de la propia declaración como a los hechos confesados. De esa forma el juez podrá valorar si existen o no condiciones que permitan atribuirle valor a la confesión o si presenta problemas que justifiquen desconfiar de ella."

Cristián Riego

Director Ejecutivo Centro de Estudios de Justicia de las Américas

Réplicas:
Sábado 29 de Enero de 2011
Confesión y derecho a guardar silencio

"A raíz del reciente veredicto leído en el juicio seguido en contra de Pilar Pérez y Mario Ruz, se ha generado una polémica acerca de la incorporación de la confesión prestada en la etapa de investigación, cuando los acusados han ejercido su derecho a guardar silencio en el juicio. El debate no ha estado exento de errores y confusiones que creemos importante aclarar.
Para estos efectos, es necesario distinguir entre la admisibilidad de pruebas (testimonios) acerca de la confesión prestada por el imputado en la fase de investigación, de la valoración que el tribunal debe hacer de ellas en la sentencia.

Respecto de lo primero (admisibilidad), en un sistema procesal penal basado en el principio de libertad de prueba (artículo 295 del CPP) resulta plenamente procedente ofrecer y rendir prueba sobre la confesión del imputado, salvo que concurra alguna hipótesis de exclusión probatoria (artículo 276 del CPP). Así, una confesión prestada sólo ante la policía, sin dar aviso al fiscal, sin que se informe de sus derechos al imputado, incluyendo la posibilidad de contar con un defensor de su confianza, puede caber dentro de la categoría de prueba obtenida con inobservancia de garantías fundamentales. Pero en el juicio en cuestión aquello no ocurre, pues se trata de seis confesiones, todas ellas prestadas por el acusado ante el Ministerio Público en un contexto de pleno respeto y ejercicio de sus derechos. Algunas de esas confesiones las prestó en presencia de su abogado, perteneciente a la Defensoría Penal Pública, quien incluso instó por la realización de la diligencia. En todas ellas el fiscal informó de sus derechos al imputado y, por añadidura, se prestaron en el marco de una estrategia de defensa de colaboración con la investigación, que más tarde el acusado modificó ejerciendo su derecho a guardar silencio en el juicio oral. No se trata de una confesión incorporada al juicio por los funcionarios policiales que recibieron la declaración, como sugiere el señor Cristián Riego en su columna “Confesión y nuevo sistema de justicia” (edición del 27 de enero), sino que por testigos y peritos que incluso la propia defensa ofreció. No hay ningún obstáculo legal ni ético en traer a juicio, de esta manera, dichas confesiones.

En esto no tiene nada que ver el ejercicio del derecho a guardar silencio por el acusado durante el juicio pues, como lo ha resuelto la Corte Suprema, no se puede dar un efecto retroactivo a ese derecho. Por lo demás, la exclusión de prueba por inobservancia de garantías fundamentales sólo procede cuando la inobservancia ocurre en el momento de su obtención, en este caso, al prestarse la confesión durante la investigación. El ejercicio —durante el juicio oral— del derecho a no autoincriminarse corresponde a una etapa ulterior a la de la obtención de la confesión y no puede afectar la legitimidad de su incorporación y valoración en el juicio.

Respecto de la valoración que los jueces hacen de la prueba concerniente a la confesión del imputado durante la etapa de investigación, se trata de una cuestión de credibilidad de la misma. En este punto, el cuestionamiento de fondo del señor Riego apunta a que podría tratarse de una confesión falsa, que permitiría condenar a un inocente. Nada de eso ocurre en este caso, ya que en el juicio se probó que las múltiples y extensas confesiones del acusado coincidían con otras pruebas, tales como tráficos telefónicos, hallazgos en el sitio del suceso y en los domicilios de los acusados (plano de la casa asaltada, cañón del arma homicida, fotografías, etcétera); con las conclusiones de peritos balísticos, médicos y otros, así como con las declaraciones de numerosos testigos (por ejemplo, los armeros). Las seis confesiones contenían detalles que sólo el autor de los delitos podía conocer (por ejemplo, el uso de un silenciador en el doble homicidio, el cambio del cañón al arma homicida usada en contra de don Diego Schmidt-Hebbel, etcétera). Por último, también debe valorarse que fue la propia defensa la que, a través de testigos y peritos suyos, introdujo al juicio las confesiones.

No cabe entonces plantear dudas acerca de la voluntariedad de esas declaraciones autoincriminatorias, de su veracidad ni que ellas se prestaron en un contexto de pleno respeto a los derechos del imputado. Tampoco puede sostenerse que las conclusiones a que conducen carecen de consistencia, precisión y detalles, ni que contradicen los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados (artículo 297 del CPP).

Juan Domingo Acosta

Abogado

Domingo 30 de Enero de 2011. La confianza en la policía

Señor Director:
Profunda sorpresa me han causado las opiniones del señor Cristián Riego, director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, quien en referencia a la aplicación doctrinal, jurídica y práctica de la confesión, se ha referido en duros términos a la confiabilidad de la actuación policial en esta materia. Corresponde que en el debate respecto de la fuerza probatoria de una confesión se incluyan muy altos estándares de contenidos, formas y legitimidad, pues lo que está en juego son bienes jurídicos y éticos de primera relevancia, como los derechos y libertades de todo ciudadano sometido al Sistema de Administración de Justicia.
Dicho esto, quisiera profundizar en el siguiente tema. El señor Riego plantea que: "Asumiendo que se trata de policías honestos, que creen haber escuchado una confesión verídica, el problema es que respecto de todos estos elementos colaterales que necesita el juez para valorar la confesión, los policías son una fuente de información muy poco confiable".
En mi opinión, lo que hay detrás de esta afirmación es un tema de desconfianza inaceptable respecto de la profesionalidad policial. ¿Por qué se asume de antemano y sin mayores fundamentos que los policías no cuentan con los niveles de honestidad y credibilidad necesarios para actuar al servicio de la justicia y la persecución penal?
Aquí hay un tema de principios, ya que si se desconfía de los policías, entonces: ¿Por qué debemos confiar en la honestidad de todos los demás actores intervinientes en el sistema? ¿Por qué asumir previamente que los profesionales policiales son menos confiables que el resto de los participantes del proceso penal? Si la confesión no reúne los estándares exigidos por la doctrina y la ley, ¿es esto sólo responsabilidad de los policías?
Nuestro país cuenta con dos instituciones policiales de alto nivel técnico y profesional, que han dado muestras de su rigurosidad, capacidad de innovación y mejoramiento continuo. Por lo tanto, cuidar la legitimidad del sistema y de sus instituciones es deber de todos.

ARTURO HERRERA VERDUGO
Ex Director General PDI

Neurolaw: A New Interdisciplinary Research

2010-11-28T17:25:00.001-03:00

Ken Strutin
New York Law Journal
January 15, 2009

"Justice can be found within the precincts of the mind, in some cases. The new barometer of human behavior is the brain scan and it already has broken ground in important areas of criminal justice, such as competency, culpability and mitigation.

At the same time, neuroscience has given rise to neurolaw, an entirely new body of interdisciplinary research into the postulates of our legal system. We are approaching a point when forensic neuroscience will have as much impact as DNA does today. And this exploration of the mind may move the justice system forward into a new era of understanding.

The foundations of criminal neurolaw are being laid in research centers relying on magnetic resonance imaging and similar metrics for cognitive analysis. Moving beyond pure structural studies, scientists using functional MRIs have opened the possibility of assessing truthfulness and potentially tapping into memories.[FOOTNOTE 1]

Most recently, a team of researchers at Vanderbilt University uncovered the inner workings of the brain in making decisions about guilt and punishment.[FOOTNOTE 2]

In this investigation fMRI analysis revealed that decision makers may be relying on their emotions more than reason when it comes to assigning punishment. The researchers observed brain activation patterns when test subjects read crime scenarios and were asked to determine guilt and assess punishment. The results were not what they expected:

[A]ctivity in an analytic part of the brain, known as the right dorsolateral prefrontal cortex, tracked the decision of whether or not a person deserved to be punished but, intriguingly, appeared relatively insensitive to deciding how much to punish. By contrast, the activity in brain regions involved in processing emotions, such as the amygdala, tracked how much subjects decided to punish.

One of the scientists involved in the project observed that "impartial legal decision-making may not be fundamentally different from the reasoning used in deciding to punish those who have harmed us personally."

Revelations from ground-breaking research into the neural mechanics of decision makers will have an untold impact on criminal justice theory and policy. The law is replete with value laden principles and assumptions that might have to be reconsidered in light of how thought processes actually work.

Meanwhile, there are many practical and well-established applications of neuroimaging techniques that can have a profound effect on issues being litigated today.[FOOTNOTE 3]

Several years ago, the U.S. Supreme Court in Roper v. Simmons[FOOTNOTE 4] concluded that juveniles did not merit the death penalty because, among other reasons, their brains were not as developed as adults. The justices relied on scientific and sociological studies brought to their attention by the respondents and amici (notably national medical and psychological associations) in their filings.

Those briefs cited neurological research based on the use of brain scanning technology. The respondents pointed out: "Overall, the more detailed and precise picture of brain development obtained through MRI studies provides compelling evidence that the maturation of the frontal lobes -- the part of the brain that is critical for competent decision-making, control of emotions and moral judgment -- is not complete at least until age 18."[FOOTNOTE 5]

Roper presents one way in which a study of the living brain has impacted criminal defense work and our understanding of the fundamental principles and policies underlying the justice system. Neuroimaging analysis has been successfully used in other areas, such as competency assessments, mitigation arguments and in negating specific intent.

In 1978, the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit reversed Morse Erskine's conviction for knowingly making false statements with the intent to influence the actions of a federally insured bank, i.e., making a loan.[FOOTNOTE 6] The trial court had precluded his personal physician from testifying. The defense wanted to introduce evidence that he did not have the mental capacity to formulate the specific intent required for this offense (18 U.S.C. §1014). His witness would have testified that a neuroimaging scan revealed a brain defect preventing Erskine from knowing what he was doing.

The appeals court recognized that this evidence was relevant to showing that the defendant did not have specific intent or appreciate the connection between the information he gave the bank and the loan he received.

CAPITAL CASE

In another cast, defendant Henry Marshall had been abused and beaten during his formative years. The effect of these experiences on his brain and his ability to make decisions became critical to his defense when he was charged with the shooting death of a pub owner in Washington state.[FOOTNOTE 7] Against the advice of defense counsel, Marshall pleaded guilty. Later the prosecutor sought the death penalty.

The trial judge decided that Marshall was competent to enter a change of plea to guilty. Later, his new defense counsel moved to withdraw the plea assailing the competency finding.

Without holding a statutorily mandated hearing to assess his mental capacity, the court received defense expert evidence about defendant's condition. Among the three witnesses was a neurologist who performed an MRI and found brain atrophy and abnormalities that likely existed before Marshall changed his plea to guilty. Based on the court's colloquy with defendant at the plea hearing and testimony from a prosecution expert, the judge determined that Marshall was impaired but rational enough to have entered his plea.

During the penalty phase, the same neurologist testified for the defense. She described three tests that approached brain function from different angles:

MRI revealed the decision-making area of his brain had shrunk significantly and was considerably smaller than a normal brain. The MRI also showed the folds in Marshall's brain were more pronounced and he had brain atrophy. The EEG (electroencephalogram) showed Marshall's brain electrical activity at a much slower frequency than that of a normal person, and the SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) Scan showed abnormal blood flow to the brain.[FOOTNOTE 8]

Nonetheless, the jury sentenced Marshall to death.

Vacillating on waiving his right to appeal, a hearing was finally held to decide whether Marshall was competent to forgo his appellate rights. This time the trial judge concluded that the defendant was not competent to make the decision -- although confronted with the same evidence it had reviewed at the plea hearing.

On appeal the Washington Supreme Court vacated the guilty plea on account of the lower court's failure to either allow Marshall to withdraw his plea or order a formal competency hearing. And the power of the MRI study, along with other psychiatric evidence, was vital although not consistently interpreted by the trial court.

ALCOHOLISM DEFENSE

The judge in Willie Jones' murder case denied his attorney's request for an order to conduct neurological tests based on evidence that his client suffered from traumatic brain injury.[FOOTNOTE 9]

At trial, the court sustained a prosecutor's objection to defense expert testimony that this injury affected defendant's ability to think. According to the Appellate Division, denying defendant's application for testing was an abuse of discretion. Evidence of brain dysfunction, combined with 30 years of alcoholism, was central to Jones' justification defense. And the experts would have helped the jurors understand his cognitive impairment -- "a person's ability to think and act purposely are matters outside the ken of the typical juror."

The doctors would have done more that address Jones' ability to form intent, they would have made clear he lacked the capacity to perceive risk.

PITUITARY TUMOR

In United States v. Sandoval-Mendoza,[FOOTNOTE 10] the crime was conspiring to sell methamphetamine, the defense was entrapment, the outcome would turn on the presence of a pituitary tumor.

Eduardo Sandoval-Mendoza was charged with conspiracy along with his twin brother. A friend who was also working with the government had introduced him to an undercover informant wanting to buy drugs. Years before this meeting, Eduardo had been diagnosed as having a pituitary tumor.

His condition left him depressed and fretful about his wife and five children's future after he was gone. The informants recommended that he might sell drugs to make the money his family would need. Ultimately, he capitulated to their idea and participated in a sale.

At trial, Sandoval-Mendoza wanted to show that the government undercovers took advantage of his suggestibility and faulty reasoning. After an in camera Daubert hearing, the judge rejected his proffer of expert testimony. Only his sister and ex-wife were allowed to testify that the tumor made him suggestible and forgetful.

The medical evidence would have showed that the brain tumor directly affected his "intelligence, memory, and judgment."

The defense had a board-certified neurologist with a specialty in neurophysiology ready to testify about the results of an MRI of Sandoval-Mendoza's brain. It showed that he had an usually large tumor, which resulted in brain damage notwithstanding treatment. While neither of defendant's experts could point to studies connecting this kind of damage with suggestiveness to commit crimes, it was evident that the trauma affected his reasoning and was associated with disinhibition.

The appeals court believed that the jury should have had a chance to evaluate this evidence for themselves. It would have aided their understanding of his predisposition to commit this crime and his susceptibility to inducement. Absent the expert medical evidence, his defense was "hidden" from the jury. The conviction had to be reversed.

ARACHNOID CYST

Herbert Weinstein had been charged with the strangulation killing of his wife.[FOOTNOTE 11] In support of a mental disease or defect defense, his lawyer planned to introduce evidence of a PET scan performed after he was indicted. It revealed the existence of an arachnoid cyst, as well as metabolic disorders in the surrounding brain tissue. A skin conductance response test was also performed suggesting the existence of frontal lobe lesions.

These tests formed part of the basis for the testimony being offered by defendant's psychiatric expert. The prosecution moved to preclude any evidence based on the PET or SCR tests as scientifically unreliable. The court ordered a Frye hearing. Notably, the other bases for the expert's opinion included MRI scans, which were not the subject of the hearing.

The judge concluded that a psychiatrist was allowed to testify relying on the "norms of the profession," including the battery of neuropsychological tests given to Weinstein.

Weighing the Frye general acceptance standard with the statutory evidence rule permitting psychiatrists to testify in connection with mental disease and defect defenses, the court concluded:

[A] requirement that each diagnostic test administered to a defendant in an insanity defense case pass muster under the Frye test might well impair, in contravention of [N.Y. Crim. Proc. Law] section 60.55 (1), the ability of a psychiatric expert 'to make any explanation reasonably serving to clarify his diagnosis and opinion.'

Nonetheless, the judge reasoned that Frye did apply to the admissibility of evidence that a mental disease explained defendant's behavior:

Unlike the diagnosis of a patient, which, in large measure, is based upon the clinical judgment of a psychiatrist or psychologist that is formed by information particular to that patient, such issues as whether a mental disease or syndrome exists or whether a theory validly explains conduct are matters susceptible to controlled research studies, to debate by a cross-section of experts in the field, and, if warranted, to general acceptance.

The MRI evidence presented at the hearing showed that the cyst compressed and made Weinstein's brain abnormal. His executive functions, seated in the frontal lobes, were impaired. Witness testimony also proved that PET scan technology was generally accepted as a means of measuring brain metabolism. Therefore, the general acceptance of this test for medical purposes made it reasonable under §60.55. SCR tests had not at that time reached the same level of widespread use. But it was reasonable for a psychiatrist to use those results to corroborate MRI and PET scans.

The human behavior theories were another story. According to the court, the connection between arachnoid cysts and violence or low levels of glucose metabolism in the frontal lobes and aggressive conduct were not generally accepted. In other words, the test results could come in, but opinions about their connection to Weinstein's actions could not. Ultimately, the matter resulted in a plea to first-degree manslaughter.

CONCLUSION

The lessons of forensic neuroscience tell us that the living brain can speak volumes when seen in a new light. It can reveal the form and function of the mind and help jurors understand the hidden operations behind behavior and judgment.

The acceptance of these medical tests in the medical community is only one step. Their interpretation, their connection to theories of human thought processes and conduct are being studiously examined and hotly debated.

Still, a mind in turmoil can be portrayed with scientific precision and that picture can help humanize the accused and enlighten decision makers on the limits of liability and punishment.

Ken Strutin is director of legal information services at the New York State Defenders Association.

::::FOOTNOTES::::

FN1 See generally Mark Pettit Jr., "FMRI and BF Meet FRE: Brain Imaging and the Federal Rules of Evidence," 33 Am. J. L. and Med. 319 (2007).

FN2 See "How the Brain Thinks About Crime and Punishment," Science Daily, Dec. 11, 2008, (summarizing findings reported in "The Neural Correlates of Third-Party Punishment," Neuron, Dec. 11, 2008). See also Mauricio R. Delgado & James G. Dilmore, "Social and Emotional Influences on Decision Making and the Brain," 9 Minn. J.L. Sci. & Tech. 899 (2008) (discussing applications of behavioral brain imaging studies to trial practice).

FN3 See Jeffrey Rosen, "The Brain on the Stand," The New York Times, March 11, 2007, (wide-ranging examination of developments in neurolaw and the outlook for the future).

FN4 543 U.S. 551, 569 (2005).

FN5 Respondent's brief in Roper v. Simmons, 2003 U.S. Briefs 633, 20 (U.S. July 19, 2004) (footnote omitted). See generally O. Carter Snead, "Neuroimaging and the 'Complexity' of Capital Punishment," 82 N.Y.U.L. Rev. 1265 (2007).

FN6 United States v. Erskine, 588 F.2d 721 (9th Cir. 1978).

FN7 Washington v. Marshall, 144 Wn.2d 266 (Wa. Sup. Ct. 2001).

FN8 144 Wn.2d at 273-274.

FN9 People v. Jones, 210 A.D.2d 904 (4th Dep't 1994), aff'd, 85 N.Y.2d 998 (1995).

FN10 472 F.3d 645 (9th Cir. 2006).

FN11 People v. Weinstein, 156 Misc. 2d 34 (Sup. Ct. N.Y. County 1992)."

Los derechos del niño y la tirania del ambiente, por Samuel Gajardo

2010-11-22T18:11:00.000-03:00

Martin Guggenheim "Ratify the U.N. Convention on the Rights of the Child, But Don't Expect Any Miracles"

2010-11-19T17:54:00.001-03:00

La prestigiosa revista Emory International Law Review, dedicó su volumen 20 al tema de la ratificación de EEUU a la Convención de Derechos del Niño. En este especial, destaca el trabajo del profesor de la NYU Law Martin Guggenheim, uno de los principales expertos estadounidenses en derechos del niño, que dejo aquí. Entre sus logros profesionales está haber alegado ante la Corte Suprema de EEUU el caso Santosky v. Kramer en el cual la Corte estableció un estándar más alto de prueba requerida para terminar los derechos de los padres.

¿Cuál es el punto del profesor Guggenheim? Lo expresa mu bien el título. Ok, ratifiquemos la Convención pero no esperemos milagros. En las áreas donde la Convención puede marcar la diferencia, la jurisprudencia de la corte suprema ha avanzado mucho. Tal es el caso de la derogación de la pena capital para menores de edad en Ropper v. Simmons. Pero en otros aspectos, hay normas que pueden resultar problemáticas. P. ej., dice él, el artículo 3°. Estamos dictado leyes para remarcar el derecho de los niños en "reservas indias" a permanecer en ellas, e impedir que sean entregados en adopción fuera de su comunidad étnica porque consideramos valioso preservar esa comunidad indígena. En virtud del art. 3, un tribunal podría saltarse esa ley y , en pro de los mejores intereses del niño, entregarlo en adopción a una pareja en Manhattan.
Puedo imaginar que comentaría el prof. Guggenheim del Caso Atala si lo conociera.

Martin Guggenheim Ratify the U.N. Convention on the Rights of the Child, But Don't Expect Any Miracles

Madrid: I Congreso Internacional sobre Violencia Juvenil

2010-11-15T17:51:00.001-03:00

El 2007, la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y la Reinserción del Menor Infractor organizó, junto a numerosas instituciones, este Congreso, que hace poco ha subido los dos tomos que reúnen las diversas presentaciones y conferencias. Serán, sin duda, material de referencia ineludible para quienes trabajan con jóvenes.
En el equipo organizador está un buen amigo de Chile, Javier Urra, destacado psicólogo, quien fuera el primer defensor del menor de Madrid; y entre los panelistas estuvo presente la estupenda María Isabel Salinas, experta en victimiología.
Entre los ponentes hay muchos profesionales de los equipos de la Fundación Diagrama y Fundación Grupo Norte, que tienen a su cargo la gestión de intervención en centros privativos de libertad.

Como destaca el primer conferencista, Profesor Dr. D. Luis Rojas Marcos, Psiquiatra, Presidente del Sistema de Hospitales Públicos de la ciudad de Nueva York:
"En los países de Occidente, la violencia juvenil es preocupante y su incremento progresivo en Europa es especialmente alarmante. Según datos del Ministerio del Interior de España, anualmente se producen aproximadamente 25.000 detenciones de menores de dieciocho años. Más de la mitad de los delitos juveniles incluyen algún tipo de violencia física o intimidación. En muchas ciudades occidentales esta tendencia está en parte relacionada con el reclutamiento de jovencillos por las bandas. Para estas pandillas criminales organizadas, los miembros de menor edad ofrecen varias ventajas. Por un lado, debido a su inmadurez, sienten menos aprensión a la hora de agredir. Por otro, en la eventualidad de ser capturados, las leyes vigentes son menos estrictas con ellos. Por otra parte, no podemos perder de vista la función esencial que ejerce el grupo antisocial organizado en el proceso de supervivencia y de adaptación de tantos jóvenes que crecen desahuciados, sin moral ni esperanza. Cuando se incorporan a pandillas agresoras, estos adolescentes encuentran por primera vez propósito en sus vidas, adquieren un sentido de identidad y de poder que nunca experimentaron.
La repulsa general a esta chocante realidad explica el hecho de que una de las cláusulas más populares de las nuevas legislaciones penales sea permitir juzgar como adultos a los menores de trece años acusados de asesinato, violación o robo a mano armada."

i Congreso Internacional Violencia Juvenil Tomo1

i Congreso Internacional Violencia Juvenil Tomo2

Publicado nuevo paper de Mauricio Duce sobre Especialidad del juzgamiento en el nuevo proceso penal juvenil chileno

2010-11-12T17:55:00.001-03:00

DUCE, MAURICIO. “El Derecho a un Juzgamiento Especializado de los
Jóvenes Infractores en el Nuevo Proceso Penal Juvenil Chileno”.
Polít. crim. Vol. 5, Nº 10 (Diciembre 2010), Art. 1, pp. 280-340.

La prestigiosa revista electrónica de Ciencias Penales, Política Criminal, editada por el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, ha publicado un paper de Mauricio que corresponde a la tercera parte de un proyecto de investigaciòn financiado por Fondecyt y ejecutado por Jaime Couso y Mauricio Duce, investigadores de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, relacionado con el principio de especialidad en el sistema penal juvenil.

Este trabajo, a cuya discusión del borrador en el seno del equipo de investigadores de la UDP, tuve el privilegio de ser invitado, se constituye en las más exhaustiva revisión del ámbito procesal -y no sólo del principio de especialidad- del nuevo sistema penal adolescente establecido en la Ley Nª 20.084.
Mauricio exhibe en este trabajo su tradicional estilo: una muy estructurada argumentación, donde un punto conduce al siguiente y se distinguen los aspectos màs relevantes de los secundarios; un amplio uso de fuentes: el trabajo pasa revista a todas los artículos y publicaciones efectuados en estos tres años de funcionamiento de la ley, a abundante jurisprudencia y relaciona eficazmente las normas nacionales con el derecho comparado y las normas internacionales.

El derecho a un juzgamiento especializado es analizado, según reporta el abstract, "en tres ejes centrales: reforzamiento del debido proceso; aspectos de estructura procesal; y, necesidad de contar una política amplia de diversificación de respuestas y desestimación de casos."

Creo que el primer eje revisado, el reforzamiento de la libertad y las mayores limitaciones a la internación provisoria muestra el mayor nivel de detalle en gran parte, porque es ahí donde se han concentrado buena parte de los debates en estos primeros años y, por consiguiente, donde es más fácil dar con fallo o artículos que toman posición.

El segundo eje está vinculado a la protección de un conjunto de valores propios del sistema juvenil que necesariamente tienen consecuencias procesales, a saber, la flexibilidad del proceso; la protección de la privacidad de los jóvenes y el énfasis en el joven. Creo que en esta tercera expresión (el énfasis en el joven) se pueden encontrar singularísimos aportes de este trabajo que descollan en la literatura especializada.

Cristián Riego en la reunión de discusión del paper lo planteó de este modo: (cito de memoria por lo que es de mi responsabilidad algún error en transmitir la idea) "Teníamos antes de la ley un sistema sin garantías y con escasa preocupación por el joven en concreto y lo que esperábamos era avanzar en ambos desafíos;: lo que hoy tenemos es un sistema con un entorno fuerte de garantías que hacen difícil que la intervención se personalice y adecue a cada joven." Esta arte del trabajo, entonces, se hace cargo de esa preocupación y plantea algunas posiciones que nadie más se ha atrevido a sostener. P ej. que el principio de pasividad del tribunal, propio del sistema adversarial "no debiera tener aplicación con tanta intensidad en este momento" (p. 327). Comparto plenamente este punto. Es más, en clases enseño que el modelo adversarial puro no permite un adecuada resolución de los problemas en juego en la fase de determinación de la pena y en la fase de ejecución. Creo que Duce ofrece aquí varias pistas por dónde deberá proseguir el debate en los años siguientes.
Finalizo con esta idea, expresada de mucho mejor forma, por el propio autor en las conclusiones del trabajo:
" me parece que otro problema de fondo se refiere a la falta de un modelo claro respecto a la orientación que debiera tener el sistema entre los distintos actores. Por ejemplo, no me parece esté suficientemente asentado ni menos consensuado cuánto el sistema debiera reproducir la dinámica adversarial del sistema de adultos o debiera más bien estructurarse de una lógica distinta de colaboración entre los distintos intervinientes. Esta cierta ambigüedad se paga con prácticas que son muy heterogéneas y en algunos casos producen consecuencias negativas para los jóvenes. Se trata de un tema en donde más que poner el acento solamente en la práctica jurisprudencial, nuestra sociedad debiera tener una propuesta de diseño institucional un tanto más sofisticada"

Argentina: Adolescentes en el sistema penal. Situación actual y propuestas para un proceso de transformación

2010-11-11T17:52:00.000-03:00

Esta publicación de la oficina de UNICEF en Argentina y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, ofrece una actualizada panorámica de la situación de la infancia infractora en el país trasandino.
A modo de ejemplo, la imagen supra muestra el mapa de dispositivos con que cuenta el sistema de justicia juvenil argentino.
Es un texto que recomiendo vivamente estudiar.

Adolescentes en El Sistema Penal Argentina

Estudio de Paz Ciudadana: Construcción de indicadores de reinserción social de adolescentes infractores de la ley penal

2010-09-22T17:56:00.002-04:00

Construccion de Indicadores de Reinsercion Social de Adolescentes Infractores de La Ley Penal

Paternalismo jurídico y Derechos del Niño, por Mónica González Contró

2010-03-01T17:59:00.000-03:00

GONZALEZ CONTRO Paternalismo jurídico y Derechos del Niño

Comité de Derechos del Niño: Observación General Nº 11 (2009) Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención

2010-02-22T17:57:00.000-03:00

Observacion 11 Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención

Revista Justicia y Derechos del Niño, de UNICEF

2010-02-01T12:12:00.003-03:00

Está online el volumen N°11 de la Revista Justicia y Derechos del Niño, editada por Oficinas de UNICEF de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, con motivo del XII Curso Internacional de Especialización en Protección Jurisdiccional de Derechos del Niño.

Entre los interesantes artículos que contiene quiero destacar dos, por la luz que arrojan sobre aspecto no visitados en otros trabajos, del sistema penal juvenil nacional.
Uno es un texto de Jaime Couso (profesor investigador de la Escuela de Derecho, de la Universidad Diego Portales) sobre la política criminal para adolescentes y la Ley N° 20.084. Su primera versión fue hace unos años para un e-learning, parte de las intensas capacitaciones que la Unidad de Defensa Penal Juvenil realizó para los defensores juveniles. Comparto plenamente la idea central de esa primera versión, hoy algo atenuada en esta versión del documento, en cuanto a que la matriz de la Ley N° 20.084 contiene elementos de una razonable política criminal, aunque no la asegura. Jaime ofrece una propuesta de articulación de instituciones donde exhibe sus vastas lecturas, su impecable formación y, virtud no menor en un penalista, una envidiable claridad expositiva.

El otro trabajo que recomiendo visitar es de Iván Fuenzalida, quien fuera el primer director de la Unidad de Responsabilidad Penal Juvenil y Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público, y pasa evistaa un tema no atendido pro al doctrina, cual es el régimen de anotaciones prontuariales en el sistema penal adolescente.

El listado completo de trabajos:

- Niño, adolescente y derechos constitucionales: de la protección a la autonomía, por Domingo Lovera
- Fortalezas y debilidades del litigio estratégico para el fortalecimiento de los estándares internacionales y regionales de protección a la niñez en América Latina, de Mary Beloff
- La libertad religiosa y la infancia en el sistema español. Una aproximación teórica y positiva, de Luis Villavicencio Miranda
- Ensayo para pensar una relación compleja: sobre el régimen jurídico de la capacidad civil y representación legal de niños, niñas y adolescentes desde el principio de autonomía progresiva en el derecho argentino, por Marisa Herrera
- Evolución de la Normativa sobre los Derechos del Niño en la Legislación Peruana, por Jorge Valencia Corominas
- El reclutamiento y la participación en las hostilidades de niños y niñas: avances y desafíos en el derecho internacional, de Soledad Herrero
- Apuntes en torno a la discriminación en la escuela: el caso chileno de embarazadas, madres y niños viviendo con V IH y el Derecho a la Educación, por Daniel Contreras
- La política criminal para adolescentes y la Ley 20.084, de Jaime Couso - Peligrosidad, ese cuerpo extraño al Derecho y a la Justicia, por Susana Falca
- Brasil: Medidasocioeducativas e o adolescente autor de ato infracional, de João Batista Costa Saraiva
- Relevamiento a nivel nacional de dispositivos penales juveniles en Argentina. Análisis de los resultados generales a la luz de los indicadores en materia penal juvenil, Síntesis de Gimol Pinto y Gustavo Piantino
- Anotaciones prontuariales de los adolescentes: un tema pendiente, por Iván Fuenzalida Suárez
- El monitoreo de la privación de libertad de niñas, niños y a dolescentes: la experiencia de la Defensoría General de la Nación Argentina, de Damián R. Muñoz

JURISPRUDENCIA
- La justiciabilidad del derecho a la salud. Facultades, ventajas y limitaciones del Poder Judicial para incidir sobre la formulación de políticas públicas, de Javier M. Palummo
- La justicia federal y el principio de justicia especializada: tensiones en la jurisprudencia, por Martiniano Terragni
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, “Recurso de hecho de García Méndez, Emilio y Musa, Laura. Sobre hábeas corpus colectivo a favor de menores de 16 años privados de libertad en el Instituto general San Martín de la ciudad de Buenos Aires”

Justicia y Derechos del Niño vol 11

Entrevista de Tony Mauro a Amy Bach sobre su nuevo libro: Injusticia ordinaria

2009-12-30T17:22:00.003-03:00

Entrevista de Tony Mauro (el corresponsal del Legal Times en la Corte Suprema)a Amy Bach sobre su nuevo libro: Injusticia ordinaria

Ordinary Injustice: How America Holds Court, by lawyer and journalist Amy Bach. She visited courts from Mississippi to Chicago to New York, examining how everyday justice works -- or, to be precise, doesn't work.

One of the most powerful and important books on the law published in 2009 is Ordinary Injustice: How America Holds Court, by lawyer and journalist Amy Bach. She visited courts from Mississippi to Chicago to New York, examining how everyday justice works -- or, to be precise, doesn't work.

When she saw things falling through the cracks, she looked into the cracks and found out why, and what happened. She found not only overzealous prosecution but under-prosecution, as well as overworked defense lawyers and judges. Overall, she found chummy courthouse communities where parties who are supposed to be adversaries have little interest or incentive to call attention to the injustice and incompetence they see. Defendants and the public that is supposed to see justice being done are the victims

La entrevista completa acá.

Mauricio Duce: El derecho a un juzgamiento especializado de los jóvenes infractores en el derecho internacional de los derechos humanos

2009-12-07T12:55:00.009-03:00

El derecho a un juzgamiento especializado de los jóvenes infractores en el derecho internacional de los derechos humanos y su impacto en el diseño del proceso penal juvenil.-
Revista Ius et Praxis, 15 (1):73-120, 2009.-

En el último número de la excelente Revista Ius et Praxis, de la U. de Talca, viene un paper de Mauricio Duce, investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, que recomiendo estudiar. Es parte de una investigación FONDECYT en la que he sido invitado dos veces invitado, primero, en un grupo de expertos donde dilucidad temáticas y explorar fuentes de información, y luego, en enero pasado fui invitado a un encuentro de discusión de una versión preliminar de este artículo. Creo que es un excelente trabajo, de nivel internacional.
Se corrobora una vieja impresión: poca dogmática procesal en la literatura especializada en temas juveniles, mucho documento de difusión pero poca reflexión sistemática. De ahí que este artículo es un esfuerzo que, imagino, será altamente valorado en la comunidad internacional. Mauricio es tremendamente riguroso en sus argumentaciones y creo que pasa revista a los principales tópicos en procesal penal juvenil.

Dice el abstract que este paper "tiene por objeto identificar y analizar los principales criterios y estándares desarrollados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos que marcan los alcances del derecho a un tratamiento especial en el juzgamiento por infracciones a la ley penal de los niños y jóvenes respecto de los adultos. El trabajo identifica las consecuencias concretas que tiene la necesidad de un juzgamiento especializado de jóvenes en la regulación de instituciones y garantías procesales establecidas en favor de ellos y luego determina el cómo han sido recogidas y desarrolladas por la legislación, doctrina y jurisprudencia internacional. El trabajo analiza primero la forma en que este derecho es reconocido en el sistema internacional de derechos humanos concluyendo que tiene un amplio reconocimiento. Luego se sostiene que ese derecho exige diferencias respecto al tratamiento de adultos que pueden ser sistematizadas en tres ejes que son objeto de revisión en detalle: reforzamiento del debido proceso; aspectos de estructura procesal; y, necesidad de contar una política amplia de diversificación de respuestas y desestimación de casos."

Conceptos 10: Evaluación y manejo de casos con jóvenes infractores de ley en la experiencia comparada

2009-10-20T15:52:00.004-03:00

Conceptos 10: Evaluación y manejo de casos con jóvenes infractores de ley en la experiencia comparada.-
Autora: Catalina Droppelmann
14-10-2009

Resumen:

Se revisan los antecedentes de los mecanismos de evaluación en jóvenes infractores previos al ingreso a un régimen cerrado o semi-cerrado de intervención y se definen ciertos conceptos claves para entender este proceso. Además, se da cuenta de la experiencia de Reino Unido y Canadá, como ejemplos destacados dentro de la evidencia comparada. Por último, se explica el flujo de toma de decisiones desde que el adolescente es ingresado, hasta que se comienza a aplicar un programa de intervención, acentuando algunos indicadores de calidad.

Rehabilitación juvenil, por Leonardo Moreno

2009-07-20T13:23:00.001-04:00

Carta publicada en La Segunda, el 1 de junio, escrita por el Defensor Regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno Holman:

"La preocupación expresada por el senador Jaime Orpis respecto a la subutilización de los centros de rehabilitación de drogas es plenamente justificada. Sin embargo se equivoca en la identificación de las causas. Decir que ”la Defensoría no tiene incentivos para reinsertar a los jóvenes” porque las defensas se licitan a privados en que lo que prima “es que se terminen los casos para que les paguen” porque “no se interesan por el futuro del joven” constituye un desconocimiento básico.

Por definición institucional, como apuesta por la defensa especializada en una justicia juvenil, todos los menores son defendidos por defensores penales públicos juveniles, no licitados. Así, el supuesto interés económico en desmedro de la rehabilitación no existe. Y aunque defensores licitados asumieran defensas juveniles, las causas se pagan al momento de dictarse la sentencia, por lo que incorporar esta sanción no tendría ningún efecto en el pago.

La decisión de la sanción accesoria le corresponde al juez, quien resuelve con los antecedentes entregados por fiscal y defensor, según las solicitudes expresadas por el órgano persecutor. La decisión del centro en el que se cumplirá la sanción depende del coordinador judicial de Sename, figura surgida a instancias de la Corte Suprema."

Fuente: Defensoría Metropolitana Norte

El senador no precisa, en cambio, un aspecto central de la subutilización de los centros: cuando se trata de jóvenes mayores de 18 años, la fiscalía sólo está dispuesta a comprometer rehabilitación en lugar de reclusión directa si se trata de infractores primerizos por delitos de baja entidad. Son así cientos los jóvenes que han cometido delitos graves, como robo con intimidación, que son descartados como receptores de este beneficio, que ciertamente podría sacarlos del mundo del delito.

ARGENTINA: Ley Penal Juvenil - el Senado aprueba en general proyecto de ley

2009-07-17T17:42:00.000-04:00

9 de julio de 2009] - El pasado miércoles 8 el Senado Nacional aprobó por unanimidad, en general, un proyecto de Régimen Penal Juvenil para establecer la responsabilidad de las personas menores de 18 años y mayores de 14 imputados de la comisión un delito de acción pública, comenzando así la derogación del régimen vigente, el decreto ley 22278 , impuesto por la dictadura militar en 1980.

Es bienvenido el proyecto aprobado, porque dispone la existencia de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil con absolutamente todas las garantías penales y procesales contenidas en la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño para aquellas personas comprendidas entre los 14 y los 18 años. Además, prevé un abanico de sanciones juveniles que permiten dar una respuesta diferenciada y proporcional al hecho cometido.

El proyecto ha consensuado y unificado varias iniciativas parlamentarias a la vez que se modificaron las penas propuestas contempladas en un proyecto de un juez de la Corte Suprema, debida a que eran demasiado elevadas para los parámetros establecidos por los derechos humanos de la infancia positivamente reconocidos.

En este sentido, cabe destacar que esta sanción se enmarca en lo solicitado a través del habeas corpus colectivo presentado por la Fundación Sur Argentina a favor de las personas menores de 16 años de edad, privadas ilegítimamente de la libertad para su “protección”, y retoma el necesario protagonismo del Poder Legislativo que debe adecuar la legislación interna a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. De aprobarse como ley, este proyecto, daría cumplimiento a lo ordenado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio” y en la causa por condena a prisión perpetua a menores de edad.

El proyecto aprobado demuestra que una ley de Responsabilidad Penal Juvenil considera a los jóvenes que han infringido la ley penal como sujetos de derecho y de responsabilidades, no bajando la edad de inimputabilidad, sino elevando la edad a partir de la cual una persona puede ser juzgada y sancionada a través del régimen penal general previsto para los adultos.

Fuente: Crin

El mito de la delincuencia juvenil, por Eduardo Morales

2009-03-20T14:24:00.002-04:00

"La delincuencia juvenil no crece tanto como creen y afirman quienes sustentan majaderamente prejuicios contra los jóvenes. Así se constata en el “Informe Estadístico Primer Año de Vigencia de la Nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (8 junio 2007 – 7 junio 2008)”, difundido por el Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública.

Conforme al referido estudio, los imputados menores representados por defensores penales públicos durante el primer año de vigencia de la ley aumentaron un 18,5% respecto al lapso anual inmediatamente anterior. Dicho incremento se explica por la persecución penal de niños de catorce y quince años de edad que antes estaban derechamente exentos de responsabilidad.

Sin embargo, en el mismo periodo anual, disminuyó el grupo de imputados de dieciséis y diecisiete años, antes sometidos al trámite de declaración de discernimiento. Mientras en el año previo a la entrada en vigencia de la ley este tipo de imputados promediaba los 1.961 casos al mes, durante el primer año de su aplicación dicho promedio descendió a 1.719 casos. Se redujo en un 14%.

Más allá de la profusa difusión mediática de algunos hechos delictivos que involucran a adolescentes, el informe permite inferir que la delincuencia juvenil no está en expansión. Esta es una buena noticia, un dato alentador que contribuye a derribar un mito, un temor infundado.

Pero el informe también pone en evidencia aspectos deficitarios en la aplicación de la ley sobre responsabilidad de los adolescentes que infringen la norma penal. Uno de ellos es el uso excesivo de la internación provisoria, medida cautelar que equivale a la prisión preventiva. 2.495 adolescentes fueron sometidos a dicha medida durante el primer año de vigencia de la ley. De ellos, sólo 270 fueron condenados en definitiva a sufrir la pena de internación en régimen cerrado. En todos los demás casos, el 89%, la medida cautelar fue más gravosa que la pena aplicada y en consecuencia fue injusta.

La internación provisoria sólo se puede aplicar excepcionalmente y siempre que sea proporcional a la pena probable. Los principios de excepcionalidad y proporcionalidad son especialmente exigibles en los casos de adolescentes porque ellos están más expuestos que los adultos a sufrir los efectos e influencias perniciosas del encierro. Es por eso que la ley ha querido, expresamente, restringir su aplicación.

Sin embargo, nuestros centros están repletos de adolescentes y niños que nunca han debido estar allí. El hacinamiento impide que en dichos establecimientos se desarrolle una labor efectivamente socializadora. Por el contrario, desarraigan y descarrían.

Esta es una mala noticia que nos entregan las cifras del primer año de vigencia de la ley y tenemos el deber de no hacernos los sordos, de escucharla y enfrentarla."

Columna del Defensor Regional, Eduardo Morales en El Mercurio de Valparaíso

Informe Anual 2008 sobre Justicia Juvenil en EE.UU.

2009-02-12T16:58:00.003-03:00

El Comité Asesor Federal sobre Justicia Juvenil (FACJJ, por sus siglas en inglés) ha publicado su Informe Anual 2008 al Presidente y el Congreso.

Establecido en el 2004, por la Ley de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia, el rol del Comité es asesorar al Presidente y el Congreso sobre materias relacionadas con Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia, asesorar al Administrador de la Oficina Federal de Justicia Juvenil (dependiente del equivalente a nuestro Ministerio de Justicia) y evaluar el progreso y resultados de los proyectos y actividades de la justicia juvenil en EE.UU.

El Comité está compuesto por 56 miembros de distintas áreas de especialización en el ámbito de la justicia juvenil.

Este Informe 2008 contiene 19 Recomendaciones al Presidente y el Congreso que se enfocan en los principales temas de justicia juvenil, y que se pueden agrupar en las siguientes cinco áreas:

1. Desinstitucionalización de los "status offenders".
2. El traslado de prisiones y la separación absoluta de adultos (de vista y sonido).
3. El desproporcionado contacto de las minorías
4. Efectividad de la asesoría legal
5. Salud mental, abuso de sustancias y el sistema de justicia juvenil.

Nótese la similitud de varias de estas áreas de preocupación con las inquietudes nacionales.
Este Comité fue una de las inspiraciones del Comité de expertos en RPA que organizó el Ministerio de Justicia el año 2006 cuando se postergó la entrada en vigencia de la ley Nº 20.084.

Los 300 y más.

2009-02-06T14:16:00.000-03:00

Columna de la Defensora Nacional, Paula Vial, publicada en The Clinic del jueves 29 de enero.

"Durante el año 2008, de todos los imputados atendidos por la DPP, cerca de 300 personas que fueron absueltas al finalizar su proceso, estuvieron en prisión preventiva durante la investigación. Un número que asombra y preocupa.
En el promedio de los últimos cinco años, un 19% de los absueltos estuvo también privado de libertad mientras el Ministerio Público investigaba su eventual participación en diversos delitos.

Aún más grave: en los primeros dieciocho meses de aplicación de la ley de responsabilidad penal adolescente, el 89% de los jóvenes que estuvieron en internación provisoria, presos en centros de detención del Sename, fueron finalmente absueltos o condenados a penas no privativas de libertad.

La Convención de los Derechos del Niño, promulgada y vigente en Chile desde hace más de 18 años, así como la Ley de responsabilidad penal adolescente, establecen la obligación del Estado de adoptar las medidas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico y mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación.

¿Es igual nuestra indignación cuando vemos o sabemos de un niño que vive bajo un puente, abandonado o maltratado por sus padres, que si lo vemos en las calles o en las noticias robando una cartera o asaltando una farmacia?

Ya hemos llegado tarde. Esos niños ya han dejado la escuela, ya han conocido la calle, el frío, el hambre, las drogas, la violencia de sus padres, la ausencia de ellos, en una espiral sin fin de marginalidad. Son los 300 y más inmolados que deben enfrentar solos al enemigo. Y cuando llegamos a rescatarlos, a reforzarlos, lo hacemos castigándolos por no respetar valores, que finalmente ni conocen. Y los encerramos.

En lugar de ofrecerle a un niño un buen desayuno, cobijo, un libro y juguetes, una semana de vacaciones en la playa o en el campo, un partido de fútbol entre compañeros o un rato de ocio sano, le recordamos cuando ha fallado (él y sus padres y la comunidad y el Estado subsidiariamente) y le damos la "oportunidad" de un encierro con algunos programas de entretenimiento y educación morosa.

La cárcel suele ser el único recurso, siempre tardío, que se nos ocurre para solucionar problemas de desadaptación a las normas. No consideramos que es justamente el ambiente en el que mayor desadaptación se puede generar a las lógicas sociales de convivencia. ¿Cómo se explica si no, que encarcelemos a tantos jóvenes para luego dejarlos libres sin entregarles herramientas, ni antes ni después? Un 89% de ellos, casi por si acaso... Casi, como pena anticipada. Casi, como un castigo por nuestra ineptitud en darles alternativas e instrumentos adecuados. Y en estos últimos meses el promedio de tiempo en internación provisoria ha aumentado de 60 a 74 días.

Perder la libertad tiene efectos muy perturbadores para quien lo experimenta, que se ven agravados si quien está sometido a la prisión sufre de algún trastorno mental o tiene condiciones de desarrollo inacabadas y de mayor fragilidad, ya sea porque padece alguna enfermedad mental o bien porque es un joven en formación. El menor tiene que aprender nuevos hábitos de convivencia, nuevas estructuras de autoridad y de orden, acomodándose rápidamente a un ambiente y reglas que desconoce. Se exacerba aún más la natural tendencia al suicidio o a sufrir enfermedades mentales que se produce en prisión por la separación de la familia, la falta de privacidad, la pérdida de autonomía, la masificación y/o el aburrimiento. Es sabido que la situación de privación de libertad constituye un factor de riesgo en el desencadenamiento de conductas suicidas. El stress del encierro, tan difícil de tolerar en esa etapa de la vida, se agrava con la inestabilidad del ánimo, la impulsividad y la baja tolerancia a la frustración, rasgos presentes en la mayoría de los adolescentes que infringen la ley, casi todos ellos con historias de vida marcadas por la violación de derechos.

Todos los jóvenes, infractores o no, necesitan amor, padres, límites, educación, salud, mucha diversión, deportes... Pero la principal respuesta del Estado (y la única que quiere la opinión pública) para los más menesterosos es la cárcel.

Hace casi 2500 años, 300 espartanos de las Termópilas eligieron su destino de mártires-héroes de una guerra para evitar la invasión de los helenos por los persas. Los 300 inocentes no han ofrecido su victimización a cambio de nada. Se han transformado en víctimas involuntarias de las que no obtenemos sino el ejemplo de la injusticia y la falta de solidaridad para con nuestra juventud, sin visión de futuro. La inversión de preocupación y amor en ellos es de una mejor rentabilidad hoy, en tiempos de crisis y hacia donde debiéramos dirigir nuestros bonos."

Issue Brief: Reform the Nation's Juvenile Justice System

2009-02-05T17:24:00.002-03:00

Issue Brief: Reform the Nation's Juvenile Justice System .

The Annie E. Casey Foundation.

Esta minuta es un ejemplo de cómo armar una red y fortalecerla con ideas comunes y afinar estrategias conjuntas, todo ello en pro de la mejora de la reforma del sistema de justicia juvenil en EE.UU.

Derecho a la intimidad vs. Derecho a la información en el derecho penal juvenil

2009-02-05T16:50:00.004-03:00

Derecho a la intimidad vs. Derecho a la información en el derecho penal juvenil.
Mario Rodríguez.

Este paper, de autor costarricense, desarrolla la confrontación que día con día se produce entre dos derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico costarricense, cuales son el derecho a la intimidad de los/ as menores de edad y el derecho a la información, con relación a las personas menores que son objeto del proceso penal juvenil.-

Si bien la jurisprudencia constitucional no es abundante con relación al tema, aplicado a los menores de edad, el autor logró localizar dos resoluciones del Tribunal Constitucional costarricense, en la cual se analizó dicha controversia. A la luz de estas resoluciones trata de abordar el tema en cuestión, utilizando a su vez, doctrina nacional y extranjera con relación al derecho a la información y derecho a la intimidad.-

A su vez, analiza las normas nacionales e internacionales que consagran dichos derechos, en especial al derecho a la intimidad de los menores de edad, entre la normativa a estudiar se encuentran la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Justicia Penal Juvenil y el Código de la Niñez y la Adolescencia, con la intención de determinar los verdaderos alcances de dichas normas en el ordenamiento costarricense.-

La política criminal juvenil en España y el síndrome de Cristóbal Colón

2009-02-05T16:40:00.004-03:00

La justicia penal juvenil en España y el síndrome de Cristóbal Colón.
Tomás Montero Hernanz.

Montero es Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.
A pesar de las cinco reformas que ha sufrido la Ley Española, Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, sigue abierto el debate sobre ella. Las opiniones se polarizan y no parece que por convicción sino por oposición a lo que otros manifiestan o por el papel que en cada momento hay que representar.
Posiblemente, dice Montero, como Cristóbal Colón, no sabíamos en el año 1995 hacia donde nos dirigíamos, no sabemos donde hemos llegado y tal vez hoy no tengamos claro donde hemos estado.

"Educar a los jóvenes para no castigar a los adultos. Sabia frase que en estos tiempos parece haberse olvidado.
La reciente propuesta de Mariano Rajoy sobre justicia juvenil ha levantado un gran revuelo social. Desde su anuncio cientos de comentarios y artículos de opinión inundan los medios de comunicación. Quizá el hecho de que estuviéramos ante unas próximas elecciones dio más repercusión a esta noticia y sobre ella y contra ella se han alzado muchas voces, aunque bien es cierto que es una demanda que ya se había apuntado por muchos jueces, fiscales y expertos en la materia.
Recuerdo ahora unas palabras de Pedro Núñez Morgades, quien fuera Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid: en 29 años, no he visto nunca una Ley que tenga un rechazo social tan unánime por culpa del abandono que ha tenido por parte de las administraciones y de sus responsables. Es una ley que responde a un criterio constitucional y que causa rechazo con sólo nombrarla. Es políticamente incorrecto hablar de esta norma. Hay administraciones que no saben ni las responsabilidades que les atribuye esta norma.
Realmente la mejora en el tratamiento de la delincuencia juvenil y de los menores infractores (a veces la referencia a la delincuencia parece olvidar a las personas, convirtiéndolo en algo abstracto) desde la publicación de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), es palpable (lo cual no significa que no sea mejorable), igual que es palpable el progresivo endurecimiento legal del tratamiento del menor infractor fruto de las sucesivas reformas (cinco desde su publicación en el año 2000), algo que es común con el entorno jurídico y cultural en el que nos movemos y también con la evolución de nuestro sistema punitivo nacional (sólo
hay que echar un vistazo a nuestras cifras de criminalidad —por debajo de la media de la Unión Europea— y a nuestra ratio de internos en prisiones —130 por cada 100.000 habitantes, cuando la media de los países de la Unión Europea se cifra en 90—), donde el principio de tolerancia cero ante la delincuencia parece haber calado.
En nuestro país, la sociedad muestra en la actualidad una gran inquietud ante el fenómeno de la delincuencia juvenil.
Esta situación se debe, entre otras causas, a una sensación de aumento cuantitativo de la misma, a la creencia de que los menores infractores gozan de una gran impunidad a la hora de delinquir, ya que al no aplicárseles el Código Penal, ha calado la idea de que la LORPM es excesivamente benevolente con los jóvenes infractores, a la creencia de que los jóvenes de hoy en día son más violentos y agresivos, habiéndose incrementado la gravedad de sus delitos y en los últimos tiempos, a la precocidad en la comisión de delitos, amparándose en la impunidad en que quedan los hechos cometidos por menores de 14 años."

Texto completo acá.

Intervención judicial y fiscal con menores infractores. Marco procesal.

2009-02-05T16:36:00.002-03:00

Intervención judicial y fiscal con menores infractores. Marco procesal.
Carmen Arias Giner. Magistrada.
Mar Peñalver Cerramalera. Fiscal.

La intervención con adolescentes en situación de riesgo es una tarea compleja en la que han de implicarse los profesionales de las distintas disciplinas que entran en contacto con el problema: padres, profesores, trabajadores sociales, juristas, siendo las vertientes de la cuestión tan variadas como las causas que llevan a estas situaciones: personales, como factores psicológicos o de salud, y ambientales como factores económicos, sociales, educativos, culturales o familiares. En esta intervención vamos a tratar de la prevención y corrección de las conductas infractoras de los menores, desde el ámbito de la protección y de la reforma, analizando en particular las posibilidades de actuación de los operadores jurídicos conforme a la legislación española y las respuestas posibles una vez cometida la infracción y puesta en macha la maquinaria judicial, haciendo referencia a la vigente Ley de Responsabilidad Penal de los Menores y a los medios disponibles para aplicarla y los necesarios para ello.

En materia de delincuencia juvenil, hay que comenzar necesariamente hablando de la protección, pues a nadie escapa que es en ésta fase cuando existen mayores posibilidades de actuación. La realidad nos demuestra, con datos estadísticos contrastados, que un elevado porcentaje de menores infractores sujetos a expedientes de reforma han pasado previamente por protección, existiendo un alto índice de menores autores de delitos en situación de desamparo. En ésta materia el Ministerio Fiscal, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado y agentes sociales, tiene un destacado papel, siendo más limitada la posibilidad de actuación del juez de Menores, al ser competencia propia del Juez civil. En cualquier caso las medidas previstas en el art. 7 de la LORPM aplicables a los menores infractores, no dejan de ser como las del art. 172 CC, medidas tuitivas cuya finalidad es otorgar al menor un marco asistencial adecuado en el ámbito personal, pudiendo dejarse sin efecto cuando las necesidades educativas del mismo estén cubiertas."

Argentina, Quilmes: Problemas edilicios en el arranque del fuero juvenil

2008-11-29T11:41:00.001-03:00

"El fuero de Responsabilidad Penal Juvenil comenzó a funcionar ayer en todos los departamentos judiciales de la Provincia. Y la puesta en marcha generó evaluaciones contrapuestas: mientras funcionarios del gobierno y el Poder Judicial dijeron que no se registraron mayores inconvenientes, el gremio judicial puso el foco en los problemas edilicios que se produjeron en algunas localidades del Conurbano.

De esta forma, aún con dificultades, comenzó a funcionar el nuevo sistema que reemplaza a la ley de Patronato. Esta norma apunta a no internar en instituto a los menores con causas asistenciales y asegurar un "juicio justo" a aquellos que cometen delitos.

En rigor, ayer arrancó el fuero en varios distritos y departamentos judiciales -en otros estaba en funcionamiento-, luego de varias prórrogas producto de la falta de edificios para albergar a los nuevos tribunales y de que faltaban nombrar funcionarios.

La puesta en marcha del nuevo sistema de minoridad estaba prevista en tres etapas definidas por la Suprema Corte de Justicia y ayer se venció el plazo establecido para la última.

El cronograma establecido por el máximo tribunal judicial dispuso que antes del 15 de julio debía ponerse en marcha el fuero juvenil en los departamentos judiciales de La Plata, San Martín, Quilmes, Necochea y Trenque Lauquen.

La segunda etapa preveía que durante los meses de agosto y septiembre, el nuevo sistema debía implementarse en los departamentos judiciales de Azul, Mercedes, Pergamino, San Nicolás, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Morón y Zárate-Campana.

La tercera etapa del cronograma de la Corte disponía que entre octubre y noviembre se pusiera en funcionamiento el fuero de minoridad en Lomas de Zamora, Mar del Plata y San Isidro.

DIFICULTADES

El Gobierno debió sortear varias dificultades para poder cumplir con el cronograma establecido por la Corte, ya que tuvo problemas para instrumentar en tiempo y forma las dos primeras etapas. Por eso, tras admitir la existencia de "falencias" que dificultaban la puesta en marcha del fuero, el máximo tribunal ratificó hace dos semanas la obligación de la administración provincial de implementar el nuevo sistema antes del 1° de diciembre.

El tribunal recordó que en el momento de ponerse en marcha la primera y la segunda etapa del nuevo sistema "se postergó el inicio de las actividades en los departamentos judiciales Trenque Lauquen, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Morón y Zárate-Campana".

En el caso de los departamentos judiciales de Bahía Blanca y Junín, la Corte recordó que la postergación del comienzo de actividades "obedeció a las grandes distancias existentes entre los órganos del fuero y los centros de contención y recepción que se encontraban funcionando".

Hace dos semanas la Corte emitió un fallo en el que dispuso que "a partir del 28 de noviembre" se implemente el fuero "en los departamentos judiciales Bahía Blanca, Junín, La Matanza, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Dolores, Morón, San Isidro (sólo en la cabecera departamental), Trenque Lauquen y Zárate-Campana".

El Gobierno acató la decisión del tribunal y ayer puso en marcha en su totalidad el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Según informaron fuentes gubernamentales, de la Corte y de la Procuración, el sistema arrancó "sin mayores inconvenientes" en los departamentos judiciales en los que aún no había sido implementado. Por lo tanto, funciona a pleno en toda la Provincia.

RECLAMO

En cambio, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) denunció la "pésima implementación" de la ley penal juvenil en lo referido a infraestructura, ya que varios de los nuevos funcionarios y órganos judiciales creados no cuentan con un lugar en el cual desarrollar sus tareas.

En Lomas de Zamora, por ejemplo, una jueza tuvo que atender en un pasillo porque no cuenta con oficina ni mobiliario para su despacho, según denunciaron dirigentes del sector.

El secretario gremial de la AJB, Daniel Pérez Guillén, precisó también que en La Matanza los peritos, médicos, trabajadores sociales y psicólogos debieron recibir a los jóvenes en un garaje.

"No se nombraron a los coordinadores en los departamentos, con lo cual todo carga sobre la espalda de los trabajadores sin los medios, organización y previsión adecuada", dijo el dirigente.

"Se lo planteamos al presidente de la Corte y estamos preparando una notificación para el gobernador Scioli y pedido de audiencia para la próxima semana", agregó Guillén."

El costo de mantener a un recluso

2008-11-27T15:57:00.001-03:00

Artículo en La Segunda.
Bernardita Williamson, Fundación Paz Ciudadana.

Para atender a la creciente población recluida y mejorar las malas condiciones existentes al interior de los recintos penales, en 2002 el Gobierno impulsó un programa de cárceles concesionadas que establecía la construcción de 10 establecimientos penitenciarios que debían estar operativos en un período de 4 años, aumentando la capacidad en 16 mil plazas.
En la actualidad están en funcionamiento sólo seis de estas cárceles concesionadas, las cuales cuentan con una capacidad total de alrededor de 10 mil plazas y albergan aproximadamente al 20% de la población penal nacional. A pesar de este aumento de la capacidad, como la población recluida se ha incrementado en 89,7% durante la última década, aún sigue existiendo una importante tasa de hacinamiento.
Adicionalmente, el problema se agrava si se consideran los altos costos que implica mantener a personas recluidas en ambos tipos de recintos penales. En los últimos meses se ha intentado responder a la interrogante de cuánto cuesta mantener a un recluso y se han presentado algunas estimaciones que conviene revisar. Mediante un cálculo sencillo, considerando el presupuesto total de Gendarmería que corresponde al sistema cerrado y el número de personas que deben permanecer recluidas, es posible obtener que el costo mensual de mantener un interno en una cárcel pública es de $242.528. Por su parte, en el caso de las cárceles concesionadas, según fuentes de Gendarmería, el costo es aún mayor, debido a que los estándares (como infraestructura, alimentación, etc.) son también superiores, alcanzando a ser en promedio $372.215 mensuales, es decir 53% por sobre el costo en las cárceles públicas. Es así como mantener a una persona presa durante un mes en una cárcel pública supera ampliamente al salario mínimo (de $159.000), mientras que en una concesionada cuesta más del doble de éste.
Financiar la reclusión tiene un alto costo para el país. Indudablemente, respecto de ciertos delitos, no importa cuánto cueste esa mantención, porque el objetivo principal es inhabilitar a quienes los han cometido. Sin embargo, si las políticas se orientan a condenar a todos a penas privativas de libertad, sin considerar que, en casos específicos, las medidas alternativas, estructuradas adecuadamente y sin dejar espacio para la impunidad, pueden ser más eficientes, se estará gastando recursos sin lograr el objetivo tan deseado de reducir la delincuencia.

Vergonzosa actitud de Chávez: Expulsa a Director de Human Rights Watch, chileno José Miguel Vivanco.

2008-09-19T13:07:00.000-04:00

Todos quienes conozcan el trabajo serio y riguroso de Human Rights Watch y en particular de José Miguel Vivanco, apreciarán la verguenza para el gobierno venezolano que significa la dictatorial actitud de su presidente al ordenar y televisar la expulsión del destacado abogado.

En materia de dd.hh. este es un punto de no retorno, y uno esperaría que todos los chilenos defensores de los derechos de las personas condenarán, sin ambages esta decisión.

Hago mías las palabras de Pato Navia quien señala:

"Considerando el trabajo absolutamente comprometido con los derechos humanos de Human Rights Watch-cuestión que los chilenos debemos recordar con agradecimiento y solidaridad-resulta inaceptable no reaccionar a favor de Human Rights Watch después de la decisión de Chávez de expulsar a José Miguel Vivanco por haber hecho público el Informe sobre Derechos Humanos en Venezuela (http://www.hrw.org/reports/2008/venezuela0908/) en la ciudad de Caracas.

El respeto por los derechos humanos debiera preceder cualquier preocupación política de corto plazo o consideraciones de alianzas estratégicas y tácticas. Hay que defender los derechos humanos hasta que duela.
Estoy seguro que el gobierno de Chile y cada uno de los partidos de la Concertación reaccionarán con firmeza y claridad a esta injustificada decisión del gobierno venezolano. La presidenta Bachelet, víctima de violaciones a los derechos humanos, debe asumir un papel de liderazgo para trabajar a favor de que las preocupantes violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela y que han sido debidamente documentadas en el Informe de Human Rights Watch dejen de ocurrir.

Acá el Informe de Human Rights Watch:

Maduro anuncia expulsión de Vivanco
Cargado por noticias24

El debate sobre las lamentables expresiones del Presidente del Tribunal Constitucional

2008-09-15T13:01:00.006-04:00

Hoy son destacados abogados, todos miembros del top ten de los estudios jurídicos del pais, los que hacen presente lo errado e inadecuado de las declaraciones del juez Colombo.
Ya estaría bueno que algún reportero judicial se atreviera a contarnos las reacciones de esos desafortunados dichos entre los otros miembros del tribunal constitucional.

"Declaraciones del presidente del TC I
Señor Director:
El presidente del Tribunal Constitucional ha hecho ciertas declaraciones en relación con el sistema procesal penal actualmente vigente en nuestro país, frente a las cuales nos parece importante puntualizar:
a) La reforma procesal penal en vigencia constituye un avance fundamental y ha mejorado, cualitativa y cuantitativamente, el sistema jurisdiccional chileno;
b) La protección a la víctima aparece, precisamente, en virtud de normas contenidas en dicha reforma. Fue su Código Procesal Penal el que estableció un amplio catálogo de derechos a favor de la víctima, antes desconocidos en Chile;
c) La existencia de recursos, requerimiento de todo debido proceso legal, se encuentra suficientemente cautelada, entre otros, con el recurso de nulidad, al cual se le ha dado una aplicación adecuada y razonable;
d) Al Tribunal Constitucional no le corresponde expresar visiones críticas abstractas sobre la forma que debería haber adoptado una ley, sino que frente a requerimientos específicos y, a través de sus sentencias, verificar si ésta se ajusta o no a la Constitución;
e) Es impropio que el presidente del Tribunal Constitucional inste a presentar recursos de inaplicabilidad ni menos anticipe cuál sería su criterio en relación con ellos.
Alfredo Etcheberry
Juan Agustín Figueroa
Davor Harasic
Luis Ortiz
Raúl Tavolari
Profesores de Derecho
Universidad de Chile"

Hoy en El Mercurio, los destacados profesores Horvitz y Quintana prosiguen el debate acerca de las lamentables expresiones del juez Juan Colombo acerca de la reforma procesal penal.

Lunes 15 de Septiembre de 2008
Reforma Procesal Penal y TC

"En los últimos días hemos sido testigos de una fuerte polémica acerca de la constitucionalidad de la Reforma Procesal Penal, de algunas de sus instituciones más fundamentales y de los efectos que podría acarrear respecto de ellas un eventual sometimiento a la revisión del Tribunal Constitucional (TC). Con el propósito de entregar más elementos para el debate creemos necesario precisar algunas de las afirmaciones vertidas a través de los medios de comunicación.
Se ha señalado, por ejemplo, que el proceso penal, desde tiempos inmemoriales, estaría estructurado para proteger a las víctimas y no a los imputados. Sin embargo, como sabemos, ello no responde a la visión moderna de la justicia criminal. Se olvida que el único modelo de proceso penal compatible con el cuadro de derechos y garantías que reconocen la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Chile está, desde al menos dos siglos, estructurado para preservar los derechos de la persona acusada de un delito, quien debe ser considerada y tratada como inocente mientras no se pruebe legítimamente su culpabilidad. No hay que olvidar que el conflicto penal no es una disputa entre iguales. Se trata de un conflicto entre el Estado, que persigue y acusa, y el imputado, a quien se le reconoce el derecho a defenderse -legítimamente- de la imputación y de la persecución penal.
Por otra parte, aunque parezca obvio, también sería necesario aclarar que en Chile -al igual que en las demás naciones democráticas del mundo- para la aplicación de una pena rige el principio de oficialidad, esto es, el de la persecución penal a través del Estado, el que representa el interés público en el ejercicio del poder punitivo y no, por cierto, la víctima. De lo contrario, se estaría abogando por la privatización del derecho penal y el bellum omnium contra omnes de los sistemas de la venganza privada, proscritos de las sociedades democráticas.
Además, aunque en otros países, en general, la víctima tiene sólo un derecho subordinado al del Ministerio Público, el ordenamiento jurídico chileno le concede más prerrogativas procesales -por ejemplo, el forzamiento de la acusación-, que la mayoría de los sistemas procesales modernos no contempla. Como ejemplo paradigmático está el caso estadounidense, que impide cualquier intervención como sujeto procesal a la víctima.
También se ha hablado sobre el "principio de la doble instancia", identificándolo con la posibilidad de recurrir a una corte superior para que se revise una decisión judicial. Se olvida también que este requerimiento no se cumple únicamente con el recurso de apelación.
Un asunto distinto es el hecho de que el recurso de nulidad satisfaga los requerimientos planteados por la doctrina y la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos, pero eso más bien significa un cuestionamiento a la forma en que está regulado el recurso de nulidad y no una vuelta a la doble instancia, la que es incompatible con un proceso oral y adversarial como el que impera en Chile.
Estimamos útil promover el debate público sobre temas que interesan a la comunidad. Sin duda uno de ellos es la justicia penal; sin embargo, creemos imprescindible que esa discusión se desarrolle sin desconocer los principios jurídicos sobre los cuales se asienta la persecución penal pública, desconocimiento que puede contribuir a comunicar a la ciudadanía una imagen distorsionada acerca de cómo deben enfrentarse los problemas de seguridad ciudadana.
Un debate acerca de la constitucionalidad de la Reforma Procesal Penal a ocho años de su vigencia no puede prescindir del hecho de que se trata de una reforma legislativa propuesta por el Gobierno, discutida y aprobada por el Congreso Nacional y aplicada por nuestros tribunales, incluida la Corte Suprema, por un plazo razonable como para estimarla ya consolidada. Por consiguiente, no resulta prudente ni lógico plantear, a estas alturas, el reclamo de que aquélla no pasó por un control orgánico preventivo del Tribunal Constitucional. Si ello no ocurrió fue porque los órganos constitucionalmente competentes -en este caso el Congreso Nacional- estimaron que esa revisión no procedía.
El debate acerca de los derechos de las personas y la forma en que los órganos estatales deben protegerlos es siempre bienvenido. Sin embargo, conviene recordar que la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional competencia sobre cuestiones concretas de constitucionalidad; no le cabe, por consiguiente, pronunciarse en general sobre cualquier tema polémico que llame su atención ni hacer vaticinios sobre sus acciones futuras."

MARÍA INÉS HORVITZ LENNON
Profesora Facultad de Derecho Universidad de Chile
RODRIGO QUINTANA MELÉNDEZ
Ex Defensor Nacional

Enrique Gimbernat escribe sobre Juan Bustos

2008-09-01T17:20:00.005-04:00

El destacado catedrático Dr. Enrique Gimbernat Ordeig ha publicado el viernes pasado este bello artículo en homenaje de su amigo, nuestro querido Juan Bustos:

“El pasado 7 de agosto fallecía en Santiago de Chile a consecuencia de un cáncer hepático, a los 72 años, Juan Bustos Ramírez, penalista y político chileno, que desde hacía unos meses ocupaba la Presidencia de la Cámara de Diputados de su país.
El Gobierno de Chile decretó tres días de luto nacional y los funerales de Estado en su memoria, presididos por la jefa del Estado, Michelle Bachelet («Chile está de duelo. Juan Bustos fue un gran demócrata defensor de los derechos humanos, un gran político y un gran amigo»), se oficiaron el 12 de agosto en la catedral de Santiago.

En 1955 Bustos ingresó en el Partido Socialista chileno al que ha permanecido fiel hasta su muerte. El presidente Salvador Allende, al llegar al poder en noviembre de 1970, se rodea, entre otros asesores, de tres eminentes catedráticos de Derecho penal chilenos: Álvaro Bunster, Eduardo Novoa Monreal y Juan Bustos. El primero fue nombrado embajador de Chile ante el Reino Unido, y desde allí, a la caída de Allende, parte al exilio en México donde explicó Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de
México hasta su fallecimiento en 2004; el segundo preparó la Ley de Nacionalización del
Cobre, defendiendo con éxito, como abogado del Estado chileno, la legitimidad de esa medida ante tribunales de París y de Hamburgo que habían dictado órdenes de embargo a instancias de la compañía cuprífera norteamericana Braden Copper, falleciendo Novoa en Chile en 2006, a los 90 años, después de un largo exilio que le llevó a Francia, Venezuela y Argentina; finalmente, Bustos consiguió salvar la vida de una manera milagrosa: inmediatamente después del golpe de Estado de Pinochet, fue detenido y obligado a agruparse con otros sospechosos por un destacamento militar cuyo teniente, antiguo alumno de Bustos en la Universidad, al reconocerle, se dirigió a él en voz baja, diciéndole: «Pero ¿usted aquí?, don Juan», cesando en ese momento en las identificaciones y dejándole en libertad, lo que permitió que Bustos pudiera refugiarse en la embajada de Honduras en Santiago, trasladándose, después de unos meses de estancia en esa República centroamericana, a Argentina, donde en 1975, dentro del marco de la Operación Cóndor, fue detenido y encarcelado por orden de la Junta Militar de Videla.

La detención de Bustos en Argentina desató una ola de solidaridad entre sus colegas latinoamericanos y europeos, consiguiéndose finalmente su liberación, después de numerosas gestiones, entre las que destaca la del catedrático de Derecho Penal de Bonn Armin Kaufmann, que se traslada a Argentina para negociar con las autoridades militares de aquel país. La misma solidaridad de profesores de Derecho Penal latinoamericanos, españoles, alemanes e italianos se pone de manifiesto con el criminólogo argentino Roberto Bergalli, igualmente detenido por la dictadura argentina, alcanzándose el punto álgido de los esfuerzos para conseguir su liberación con las gestiones que lleva a cabo personalmente en Buenos Aires la catedrática de criminología de Colonia Hilde Kaufmann y la intercesión del profesor de Derecho Penal y en aquel momento presidente de la Democracia Cristiana italiana, Aldo Moro. La supervivencia económica de Bustos y de Bergalli, así como la de los penalistas argentinos Enrique Bacigalupo y Gladys Romero –que en el momento del golpe militar de Videla se encontraban en Alemania– la garantiza, con una admirable generosidad, la Fundación Alexander von Humboldt, que concede a los cuatro profesores una beca en la Universidad de Bonn en principio de carácter indefinido.

Un grupo de profesores españoles de Derecho Penal consideramos que estos cuatro penalistas latinoamericanos debían integrarse culturalmente en la Universidad española, lo que conseguimos a partir de 1978, resolviendo los numerosos problemas administrativos y universitarios que se iban presentando gracias a la disposición favorable incondicional
que encontramos en dos catedráticos españoles de Derecho Penal que en aquel momento ocupaban altos cargos en la Administración de la UCD: Carlos García Valdés, director general de Instituciones Penitenciarias y, muy especialmente, Manuel Cobo del Rosal, secretario de Estado de Universidades.

De esta manera tratábamos de corresponder a la hospitalidad que las universidades latinoamericanas habían dispensado a los penalistas republicanos españoles que habían tenido que marchar al exilio perseguidos por la dictadura franquista: las universidades argentinas, a Luis Jiménez de Asúa y a Blasco Fernández de Moreda, y las mexicanas a Mariano Ruiz-Funes (ministro de Justicia y de Agricultura durante la II República) y a Mariano Jiménez Huerta (estos tres últimos discípulos del primero).
Una vez en España, Juan Bustos ganó por concurso la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de La Laguna y, posteriormente, la de la Autónoma de Barcelona, Bacigalupo la de Lérida, accediendo además, como magistrado de la Sala 2ª, al Tribunal Supremo, y Bergalli una titularidad de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona. Al iniciarse la transición chilena, Bustos renuncia a su cátedra española, regresa a su país en 1989 y se incorpora a la que ostentaba antes del golpe de Estado en la Universidad de Chile. Juan Bustos se había doctorado en Derecho en Madrid, en 1961, bajo la dirección de Juan del Rosal, y en 1965 en la Universidad de Bonn con una tesis sobre el delito imprudente dirigida por el penalista más importante de la época, Hans Welzel. La amplia obra de Bustos se caracteriza por su rigor científico, por su originalidad y por su concepción progresista del Derecho Penal.

De entre sus publicaciones aparecidas en España destaca su manual de Parte General (cuyas últimas ediciones las escribe en colaboración con Hernán Hormazábal) en el que se exponen ideas y argumentos tan novedosos que sólo allí pueden encontrarse.
En España, además de con su obra, también contribuyó al avance de la ciencia penal fundando una destacada escuela académica a la que pertenecen el ya mencionado Hormazábal (Universidad de Girona) y Elena Larrauri y José Cid (Universidad Autónoma de Barcelona), que hoy lloran su muerte como lo hacemos tantos amigos y colegas de todo el mundo.

Al regresar a Chile, Bustos empieza también a ejercer la profesión de abogado, defendiendo la acusación en muchos procedimientos contra los torturadores y asesinos pinochetistas, destacando la representación que asumió de la familia de Orlando Letelier, ex ministro de Allende asesinado en Washington con un coche bomba, consiguiendo Bustos en 1993 la condena de los autores, entre ellos, del general Manuel Contreras, antiguo jefe de la DINA, así como su intervención en Londres, como abogado querellante del Partido Socialista y de familiares de desaparecidos, en el expediente de extradición instruido contra Pinochet.
Pero estos méritos de Juan Bustos palidecen si los comparamos con su calidez humana, con su modestia, con su adoración por su esposa y por sus hijos y con que, por encima de todo, fue una persona decente.

Guardo entre mis fotografías una tomada en abril de 1973 en la que, con motivo de un congreso internacional celebrado en Chile, aparecemos varios penalistas europeos y americanos –entre ellos, el gran Claus Roxin– visitando, cubiertos con los cascos reglamentarios, El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo, nacionalizada por el Gobierno de la Unidad Popular, atentos a las informaciones que nos va facilitando Juan Bustos; sólo unos meses más tarde, el 11 de septiembre, caería la noche más oscura sobre Chile y sobre todos aquellos que, como Juan Bustos, habían tratado de construir un socialismo en libertad.
Que la tierra te sea leve, querido, inolvidable Juan.”

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho Penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO."

Aplicación de las suspensiones condicionales del procedimiento en la Red Social

2007-11-05T17:22:00.002-03:00

Aplicación de las suspensiones condicionales del procedimiento en la Red Social.-
Paz Pérez y Catalina Droppelmann.

Ponencia presentada en el Seminario Internacional Buenas Prácticas en los nuevos sistemas procesales penales latinoamericanos, los días 22 y 25 de mayo del 2007, en Santiago de Chile

Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley penal

2007-11-05T16:58:00.003-03:00

Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley penal.-
Ministerio de Justicia - Argentina.

Para analizar la situación de los niños y adolescentes en conflicto con la Ley penal es necesario hacer una reseña y un breve análisis del estado de la situación legislativa vigente en materia de minoridad. El tema no es sencillo, ya que siempre que se aborda la temática de los menores de edad como autores o víctimas de delitos, se generan reacciones opuestas en la sociedad que pueden ir desde un extremo muy garantista y proteccionista, cuando se habla de menores como víctimas, hacia un extremo más riguroso, demandante de la baja de la edad de imputabilidad penal o aumento de penas para el caso de menores autores de delitos.

La República Argentina se encuentra en un proceso de adecuación de su legislación interna a los lineamientos de la Convención. Muestra de ello son los intentos legislativos por derogar la Ley de Patronato e implementar un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. En este sentido cabe aclarar que las Legislaturas provinciales de Chubut, Neuquén, Mendoza, Misiones, Tierra del Fuego y la Ciudad autónoma de Buenos Aires han iniciado este proceso de adecuación a la Convención en sus legislación, receptando la doctrina de la protección integral.
El Poder Ejecutivo Nacional ha presentado recientemente un proyecto que crea un régimen legal aplicable a las personas menores de 18 años infractoras a la Ley penal.

Este trabajo de investigación tiene como objetivo obtener un acercamiento al conocimiento acerca del perfil de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal que han sido captados por el Sistema Penal como autores de delitos, a los fines de obtener datos empíricos que constituyan un insumo enriquecedor de la discusión y análisis para el abordaje de este controvertido tema.

Es necesario aclarar que la investigación fue realizada tomando como fuente de información los Juzgados Nacionales de Menores del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sin incluir los Tribunales Orales.

Metodología:
Tipo de Estudio: Exploratorio cualicuantitativo
Fuente: Juzgados Nacionales de Menores.
Universo: Causas Judiciales iniciadas durante el año 2000 en las que menores de edad fueron imputados por la comisión de un delito.
Unidad de Análisis: Niños y adolescentes infractores a la ley penal.
Causas Judiciales relevadas: 385
Menores imputados: 517
Delitos: 466

Yerros y aciertos en torno a la edad punible en Honduras

2007-11-05T16:49:00.002-03:00

Yerros y aciertos en torno a la edad punible en Honduras.-
Marvin A. Valladares.

"La tendencia malsana de nuestra sociedad hondureña de buscar culpables inmediatos vrs. soluciones plausibles a los problemas sociales que nos aquejan, (sobre todo cuando estos se salen de nuestras manos) se pone de manifiesto en este escabroso tema de la edad punible para deducir responsabilidad criminal a los jóvenes infractores de la ley penal. Lo más fácil y acertado en el caso de la ola delincuencial que azota al país, es mirar hacia abajo para señalar y culpar al estrato social más próximo y vulnerable: Los menores de edad; ya que para las mayorías adultas ellos son el problema, ¡Hay que encerrarlos¡. Otros en un acto de mera cobardía sugieren que hay que pasarlos por las armas, fusilarlos a todos y santo remedio, se acabaron nuestras quejas. Otros más indulgentes dicen que solo es cuestión de reducir la edad punible. Es obvio que la gran mayoría desconoce que Honduras es uno de los pocos países en el mundo (seis) donde la edad mínima de responsabilidad penal es a partir de los 12 años, art. 180 del Código de la Niñez y de la Adolescencia.
También se ignora que en otros países donde se ha adoptado este procedimiento ha sido un total fracaso, por que la delincuencia lejos de reducirse se ha incrementado y que decir de la fatal simbiosis resultante del encarcelamiento de jóvenes con criminales adultos cual auténtica escuela del crimen.

Esta parafernalia de opiniones irresponsables a las que a diario asistimos en los medios de comunicación, en la calle y hasta en nuestro vecindario, se aleja diametralmente de la realidad social y jurídica del país y dista mucho de constituirse en un juicio serio y científico que conduzca a una solución verdadera del asunto. Por si fuera poco, esta ronda absurda de opiniones, desgraciadamente (por no decir casi siempre) concluye en los criterios más descabellados, discriminantes e injustos, generando una visión deprimente y negativa de la juventud hondureña, criminalizando y discriminando a nuestros jóvenes, particularmente a los más pobres.

Y es que en este tema de la edad punible, como en casi todos donde se ve comprometida la seguridad de las personas y los bienes, prevalece la cultura del parche y del tapagoteras, las soluciones folklóricas y trilladas que la gente repite como loro en los buses, en las bancas de los parques y en cualquier esquina, de tal manera que la ignorancia, la estigmatización y los prejuicios en contra de nuestros jóvenes nos orilla ha declararlos como únicos responsables de los altos niveles de inseguridad ciudadana existentes, sobre todo si estos son menores de edad y si de paso pertenecen a los estratos sociales mas indigentes del país, de ser así están fritos automáticamente, son delincuentes, no más, ¡son mareros!.

Algunas confusiones en torno a las consecuencias jurídicas de la conducta transgresora de la ley penal en los nuevos sistemas de justicia juvenil lati

2007-11-05T16:45:00.003-03:00

Algunas confusiones en torno a las consecuencias jurídicas de la conducta transgresora de la ley penal en los nuevos sistemas de justicia juvenil latinoamericanos.-
Mary Bellof.

Un proceso singular ha tenido lugar en América Latina en la última década en el campo de la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se trata del proceso de adecuación del orden jurídico de cada país a las prescripciones de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Este proceso ha sido ampliamente descrito, razón por la cual, a los fines del presente trabajo, sólo me limitaré a caracterizar lo que, a mi juicio, hace a la singularidad de este conjunto de reformas legales.

El proceso es singular por varias razones. En primer lugar porque, como ha sido señalado3, revolucionó la forma de producción de las leyes, que pasaron de ser pensadas y elaboradas por “expertos” del llamado entonces “derecho de menores” —lo que sea que ello haya querido significar en su momento, tema ajeno a este trabajo—, a ser producidas por todos los actores comprometidos con la efectiva implementación de la Convención Internacional a nivel nacional, fueran éstos miembros de organizaciones de base, de organizaciones de profesionales o de trabajadores, funcionarios públicos, juristas, médicos, trabajadores sociales o cualquier otro interesado. En un ejercicio concreto de aplicación directa del art. 12 de la Convención Internacional, en algunos países, también los niños participaron de este fenómeno en el plano legislativo. En este sentido, si bien aún no ha sido suficientemente estudiado y sistematizado, este proceso tuvo la originalidad de producir las leyes de un modo diferente y, como se advierte sin dificultad, de un modo profundamente democrático.

Análisis de código de la niñez y adolescencia del Ecuador

2007-11-05T16:36:00.002-03:00

Análisis de código de la niñez y adolescencia del Ecuador.
Farith Simon Campaña

Extracto:
"El Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 100, publicada en Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 y vigente desde el 3 de julio de ese mismo año) es la finalización de un largo proceso de discusión, redacción y debate legislativo que se inició cuando la reforma legislativa de 1992 demostró su inadecuación con los principios y contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Esta nueva ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en el Ecuador, proceso que se inició con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en febrero de 1990, que se desarrolló con la reglamentación de las adopciones internacionales en el mismo año, continuó con el Código de Menores de 1992, con las reformas constitucionales de 1996 y 1997, y con la Constitución de 1998.

Muchas son las innovaciones que la nueva ley introduce, desde el uso de nuevos conceptos jurídicos (por ejemplo niño, niña y adolescente que asumen un contenido jurídico específico, la desaparición de la declaración de abandono, la declaratoria de adoptabilidad, el acogi-miento familiar e institucional, etc.), hasta el desarrollo normativo de una institucionalidad encargada de promover y garantizar los derechos que desarrolla1 la ley (por que ya se encontraban plenamente reconocidos y declarados en la Convención sobre los Derechos de los Niños y en la Constitución), concretando principios como el de la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, mejorando algunas instituciones jurídicas específicas (patria potestad, alimentos, responsabilidad penal juvenil, etc.). Sin embargo, en nuestra opinión, la contribución más importante de la nueva ley es el establecimiento de un conjunto de mecanismos de exigibilidad de todos los derechos declarados, tanto individuales como colectivos."

Víctimas y sistema penal

2007-11-05T13:04:00.001-03:00

Mauricio Duce J.
Cristián Riego R.
Juan Enrique Vargas V.

"Todas las propuestas que se han conocido en los últimos días para abordar las carencias en materia de seguridad ciudadana tienen como punto en común mejorar la situación en que se encuentran las víctimas frente a los delitos. Existe una extendida sensación de que quienes los sufren no son acogidos debidamente por el sistema, ni sus intereses adecuadamente representados. Sin duda, se trata de un diagnóstico acertado. Sin embargo, la solución que más comúnmente se plantea, la de crear una defensoría para las víctimas, no nos parece adecuada, es más, creemos que puede generar nuevos y más graves problemas. Por lo pronto, no es cierto que el nuevo sistema penal fuera diseñado concediendo gruesos recursos para la defensa de los imputados -a través de la Defensoría Penal Pública- y no previera fondos para hacerse cargo de la defensa de las víctimas. La institución más fuerte creada por el nuevo sistema penal fue la del Ministerio Público, que cuenta con un presupuesto anual de más de 80 mil millones de pesos, bastante superiores a los 30 mil millones de la defensoría.

Pues bien, una de las funciones centrales establecidas para el Ministerio Público con rango constitucional es precisamente la protección de las víctimas. A ello debe sumarse que es misión central de los fiscales del Ministerio Público defender los intereses de la sociedad frente a la comisión de los delitos. Esos intereses son, en la mayoría de los casos, exactamente los mismos que los de las víctimas. Por lo mismo, no hay ni puede haber, salvo en una porción limitada de los casos, diferencia entre lo que la víctima o la sociedad les piden a los fiscales que hagan.

Crear una nueva institución pública para que asuma la función de representarlas no sólo significaría duplicar recursos, sino, más grave aún, constituiría un muy negativo mensaje hacia los fiscales, pues vendría a ratificar la errada tesis que se ha ido posicionando estos años de que ellos no tienen que hacerse cargo de los intereses de las víctimas. La solución debe tomar la dirección completamente contraria: lo que hay que hacer es introducir como uno de los principales indicadores para evaluar y premiar a las fiscalías y a los fiscales el grado de satisfacción que logran en las víctimas que atienden.

Con esa misma finalidad, las víctimas -tanto individual como organizadamente- deben ejercer un control lo más cercano posible a la actividad del Ministerio Público. Para que ello sea posible, deben establecerse herramientas que potencien su dinamismo como actores de la sociedad civil, independientes de las agencias estatales. Esto se puede lograr creando mecanismos especiales de "accountability" sobre los fiscales y mejorando los ya existentes. Por ejemplo, sería posible financiar con fondos públicos a las organizaciones de víctimas con el fin de que contaran con las capacidades técnicas necesarias para controlar la eficacia de las fiscalías o ampliar las obligaciones de rendiciones de cuentas públicas por parte del Ministerio Público (en materia de oportunidad, desagregación de datos, contenidos de los mismos, etcétera).

Por otra parte, la creación de una defensoría de las víctimas podría generar otros efectos en el sistema que no serían deseables. Así, la masificación de los querellantes en el sistema acarrearía enormes problemas en el funcionamiento de los procedimientos, los que debieran tener un impacto en disminuir el dinamismo que aquél ha venido mostrando y que todos reconocen como una de sus virtudes principales, incluidas las propias víctimas.

Todo lo anterior no excluye que en aquellos pocos casos en que los intereses de las víctimas sean distintos de los de la comunidad, el Estado pueda y deba favorecer que aquellas víctimas que no cuenten con recursos tengan representación legal. Pero aún en esa hipótesis, lo conveniente es que esa representación se preste por actores no estatales, pues nada garantiza que una nueva agencia pública no genere sus propias lógicas corporativas, alienadas del interés de sus usuarios, como ya lo hemos visto ocurrir tantas veces en nuestro país."

Fuente: Tribuna en El Mercurio, Lunes 5 de Noviembre del 2007.-

Vigilancia Superior a la garantía de los derechos desde una perspectiva de género, con énfasis en mujeres y adolescentes

2007-11-04T17:08:00.000-03:00

Vigilancia Superior a la garantía de los derechos desde una perspectiva de género, con énfasis en mujeres y adolescentes.-
Procuraduría General de la Nación de Colombia.

Se trata de una guía pedagógica elaborada por la Procuraduría General de la Nación con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidad (Unfpa), dirigida tanto a funcionarios públicos como a la comunidad en general con el fin de establecer y consolidar herramientas que faciliten la portección y garantía de los derechos de las mujeres y el impulso a la transversalización de la perspectiva de género

Revista Justicia y Derechos del Niño Volumen 9

2007-10-09T18:46:00.000-04:00

Con motivo del Décimo curso de protección jurisdiccional de los derechos del niño, organizado por UNICEF, se editó la Revista Justicia y Derechos del Niño N° 9, de la que fui parte del comité editorial. Quisimos ofrecer una recopilación de artículos, algunos hoy difícilmente conseguibles, y que mantienen pertinencia y utilidad, especialmente respecto de la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal adolescente en Chile.

Artículos:
- La niñez como arqueología del futuro, Alessandro Baratta
Democracia y derechos del niño, Alessandro Baratta
- Infancia, ley y democracia: una cuestión de justicia, Emilio García Méndez
- Luces y sombras de la opinión consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Condición jurídica y derechos humanos del niño”, Mary Beloff
- El interés superior del niño en el marco de la convención internacional sobre los derechos del niño, Miguel Cillero
- A 100 años de la creación del primer tribunal de menores y 10 años de la convención internacional de los derechos del niño: el desafío pendiente, Julio Cortés Morales
- Los derechos del niño y las teorías de los derechos:Introducción a un debate, Isabel Fanlo
- Los nuevos sistemas de justicia juvenil en América Latina (1989-2006), Mary Beloff
- Principio educativo y (re)socialización en el derecho penal juvenil, Jaime Couso
- El perfil del juez en el nuevo derecho de la infancia y la adolescencia, João Batista Costa Saraiva
- La responsabilidad penal de adolescentes y el interés superior del niño, Miguel Cillero
- Participación judicial de los niños, niñas y adolescentes, Ricardo Pérez Manrique

La revista puede bajarse acá.

España: Centros para la internación de menores

2007-10-04T17:04:00.001-04:00

"Los centros de internamiento de menores están gestionados por asociaciones privadas en un 73%.
Son las cárceles donde los jóvenes de 14 a 17 años que han cometido delitos cumplen medidas de privación de libertad. Hasta 2001, cuando entró en vigor la Ley del Menor, todos los centros eran públicos. La norma permitió a las comunidades que encargaran su gestión a asociaciones sin ánimo de lucro, solución que se ha generalizado. En Andalucía y Madrid, más del 83% de los centros está ya en manos privadas. Numerosos abogados, jueces, asociaciones de menores e instituciones como el Defensor del Pueblo canario critican las carencias de este sistema y defienden que la restricción de la libertad es tarea del Estado.

Los centros en los que los menores de 18 años cumplen las medidas de privación de libertad cuando cometen un hecho delictivo están gestionados por asociaciones privadas en la mayor parte de las comunidades autónomas. En España nunca se ha contemplado privatizar el sistema penitenciario de los adultos. En el caso de los menores, hasta hace seis años, tampoco. Pero en 2000 se aprobó la Ley del Menor, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE, que se abstuvo, y el Grupo Mixto, que votó en contra. La norma permitió por primera vez que se delegara en asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones privadas la gestión de los centros de reforma.

La nueva ley elevó la edad penal a los 18 años. Cuando se empezó a aplicar, en 2001, todos los menores de edad que estaban en la cárcel pasaron a centros de internamiento. Las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de menores, carecían entonces de las infraestructuras para asumir ese volumen de internos. En Madrid, en 2001 sólo había 45 plazas. Por este motivo se empezaron a firmar convenios con asociaciones privadas. El número de internos fluctúa, pero se puede decir que en estos momentos en España está en torno a los 2.750, atendiendo al número de plazas de los 100 centros existentes.

Idea inicial

Félix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que participó en la elaboración del borrador de la Ley del Menor, explica que la idea inicial no era permitir que se privatizaran los reformatorios. "Incluimos una disposición para que algunas asociaciones de barrio colaboraran en medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad o la libertad vigilada, pero no imaginamos que se iba a utilizar para delegar la ejecución de la privación de libertad", asegura.

Pero así fue. En Madrid, el 100% de los reformatorios creados desde 2001 está en manos de asociaciones. Ese año había tres, públicos, con 45 plazas. Ahora hay 18, con 422 plazas. Todos los nuevos, de gestión privada. En Andalucía, asociaciones y fundaciones llevan el 94% de los reformatorios. Tan sólo los gobiernos de Cataluña, Extremadura y Ceuta se encargan de forma directa de todos sus centros. En Canarias y Baleares la responsable es una fundación pública.

¿Qué tipo de entidades se encargan de los reformatorios? La ley exige que sean asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro. Y siempre lo son. Pero la gestión también lleva consigo la limpieza, el catering o la seguridad, que tienen que encargarse a alguna empresa. Y cuando la asociación es una fundación de un grupo empresarial, estos servicios se pueden encargar a compañías de la corporación. Por ejemplo, la fundación Grupo Norte, que gestiona cuatro centros en Madrid, encargaba a Prosintel la vigilancia. Prosintel es una de las empresas de Grupo Norte.

En Madrid, este sistema cambió el pasado enero. La comunidad elige ahora directamente por concurso a las empresas que van a prestar los servicios en todos los reformatorios. Prosintel es ahora una de las encargadas de la seguridad general.

El vocal del CGPJ Félix Pantoja relata que, cuando era Fiscal coordinador de Menores de Madrid, leyó un anuncio en prensa en el que se pedían educadores "para empresa en expansión". La Fiscalía averiguó que se trataba de una asociación que gestionaba centros de menores. "Es un ejemplo de que esto se ha convertido en un negocio", señala. La gestión privada de los reformatorios plantea otros problemas, según sus detractores.

El principal es si el Estado puede y debe delegar la privación de un derecho fundamental como la libertad. La abogada de menores Patricia Fernández opina que si se hubieran privatizado las cárceles de adultos se habría generado un debate social que en este caso no se ha producido. "La gente ni siquiera lo sabe", exclama, y critica los eufemismos que se utilizan al hablar de los menores. "Centros de internamiento, de reforma, centros educativos, son términos creados para definir lo que no son sino cárceles para niños y jóvenes, que deberían tener, cuando menos, las mismas garantías que las de adultos".

Pantoja considera que "la libertad es un derecho básico y esencial y el internamiento no puede dejarse en manos privadas". De la misma opinión son el Defensor del Menor de Madrid y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. El Defensor del Pueblo, sin embargo, manifiesta que no hay grandes diferencias entre centros públicos y privados y que en ambas categorías los hay que funcionan bien y mal. Tanto la Fundación Ginso, que se encarga de varios centros en Andalucía y Madrid, como la Fundación Diagrama, que lleva 23 centros en toda España, renuncian a entrar en el debate. "Nosotros presentamos un proyecto de reeducación a las comunidades y éstas deciden si les interesa", explica un portavoz de Diagrama.

Canarias da marcha atrás

Tras la entrada en vigor de la Ley del Menor, los centros de menores canarios pasaron a manos de la ONG Cicerón Siglo XXI. Pero los responsables fueron destituidos en 2004 después de que el fiscal de menores requisara correas de contención psiquiátrica en tres de los reformatorios. En uno de ellos hubo incluso casos de violación. Para paliar la grave situación, la decisión del Gobierno autonómico fue asumir la gestión y quitarla de manos privadas. Ese cometido pasó, en octubre de 2004 a la Fundación Pública Ideo.

El capital social lo aporta el Gobierno canario. Sus responsables son la titular de Asuntos Sociales, la de Protección al Menor y la Familia y el de Juventud. Éstos nombraron a un gerente, con responsabilidad en funciones básicas como mantenimiento, horarios, contratación de personal o proyecto educativo.

Durante 2005 y a pesar del cambio en la gestión, el sistema siguió sin funcionar. La situación en los centros, con fugas, motines, incendios, consumo de drogas e incluso muertes, fue calificada como "insostenible", por el Diputado del Común canario (figura análoga al Defensor del Pueblo). En junio de ese año el gobierno autonómico anunció un plan de choque, que, según afirma, está funcionando. El Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo canario aseguran que todavía queda mucho por mejorar.

Fuente: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.-

Rhys Jones: Debate en Inglaterra sobre violencia juvenil

2007-09-28T12:15:00.000-04:00

La violencia juvenil es uno de los temas de toda sociedad moderna.

El debate nacional suele pecar de autoreferente, lo que unido al uso partidista de los problemas, desenfoca los temas.

Palabras como anomia se han repetido hasta el hartazgo en los recientes análisis del pasado 11 de septiembre. O la consabida crítica a la falta de un sistema de prevención. Bueno en un país -Inglaterra- con importantes recursos destinados al estudio y la ejecución de este tipo de programas, la violencia juvenil persiste como desafío. Quizá el problema no sea cuestión de platas más o menos. Quizá no sea una fenómeno aislado. Quizá había que informarse más antes de pontificar.

Un reciente caso inglés ha abierto un intenso debate. dejo aquí la noticia y los links. La fuente es la OIJJ.

"El pasado 23 de agosto, Rhys Jones, de 11 años, fue asesinado por un menor de edad mientras jugaba al fútbol con sus amigos. El asesinato, el último de una serie de episodios mortales, causó gran alarma en el Reino Unido y provocó un debate sobre la violencia de los jóvenes y las bandas juveniles.

El primer ministro británico, Gordon Brown, declaró que tomaría medidas estrictas contra la violencia juvenil con el fin de detener a las bandas juveniles y prometió que llevara a los asesinos ante la justicia. Sin embargo, la tarea de la policía no es fácil: tras días de presión, promesas de confidencialidad y protección, la comunidad no colabora con la investigación por miedo a represalias.

La policía considera estos actos vinculados a pandillas y a una cultura de violencia de jóvenes agresivos que consumen alcohol, drogas. Sin embargo, según Richard Garside, Director del Centro de Estudio sobre el Crimen y la Justicia (CCJS) de la Universidad de Londres “la mayoría de la veces, se trata más de grupos de jóvenes en dificultad poco organizados, que de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de armas y de drogas como el público las imagina”.

En los últimos años, el fenómeno de las bandas juveniles se ha expandido en el Reino Unido hasta multiplicar por tres su presencia, según las cifras de la policía. Al mismo tiempo la disponibilidad de armas de fuego ilegales ha ido en aumento al igual que las muertes a tiros. Precisamente, la muerte de Rhys Jones ha puesto de manifiesto lo fácil que es para los jóvenes adquirir armas de fuego en el Reino Unido. A pesar de todo, la tasa de homicidios es estable en el Reino Unido desde hace más de una década, aunque el número de delitos con armas de fuego haya aumentado en los últimos años.

En un momento en que el país lucha contra una nueva forma de crímenes, a las autoridades británicas les preocupa la expansión de bandas armadas cuyos miembros son cada vez más jóvenes, tal y como sus víctimas."

Enlaces
Noticia: Alarma por la violencia juvenil tras morir un niño en Liverpool.
Noticia: 'Hoodies': la última expresión de violencia juvenil en el Reino Unido.
Noticia: Matar y morir jóvenes.
Editorial: Bandas juveniles.
Reportaje: Vida y muerte bajo el azote de las bandas.
Noticia: Dramático aumento de pandillas juveniles en las calles preocupa a los británicos.
Noticia: Raised amid guns and gangs.
Noticia: Factfile: teenagers gunned down across UK.
Noticia: The single bullet that broke a community's heart.
Noticia: Murder thrusts gun crime to top of agenda.
Noticia: The real question: why are our children prepared to kill one another?.
Noticia: How worried should we be about the extent of gun crime on our streets?.

Disponibles documentos de la II Conferencia Internacional sobre Justicia Juvenil

2007-08-01T16:09:00.001-04:00

El Observatorio Internacional de Justicia juvenil (OIJJ) ha puesto en su sitio web, los documentos de la II Conferencia Internacional sobre Justicia Juvenil, desarrollada el 2006, en Bruselas.

Para descargarlos, sólo es preciso registrarse en el sitio y se podrá a acceder a muy interesantes artículos sobre justicia juvenil, de distintas partes del mundo.

Bibliografía

2007-07-04T18:11:00.000-04:00

Bibliografía de la BCN sobre Responsabilidad Penal Juvenil.

Una tarea nunca bien ponderada es la de armar buenas bibliografías. Son señales de ruta que se dejan y que suelen servir para seguir el recorrido que algún otro hizó para arribar a algún puerto o para perderse en el camino.
La Biblioteca del Congreso Nacional ha armado una bibliografía con títulos de su catálogo sobre Responsabilidad Penal Juvenil.

Data sobre la versión actualizada de la ley

2007-06-21T14:42:00.000-04:00

Data extenso sobre la versión actualizada de la ley, preparado para la jornada de capacitación al equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, que fue donde hice mi práctica hace algunos años y donde aprendí mucho de Nelson Caucoto, Hugo Gutiérrez y Julio Barría.

La renuncia al derecho a guardar silencio por un adolescente

2007-06-20T17:55:00.000-04:00

La renuncia al derecho a guardar silencio por un adolescente en nuestro ordenamiento y en el estadounidense.
Comentario a propósito del Fallo In re E. T. C., Juvenile, 141 Vt. 375 (1982), Corte Suprema de Vermont, 24 de junio de 1982.
Francisco Estrada Vásquez

Artículo publicado en la Revista de Derechos del Niño, Nos. 3 y 4, Programa de Derechos del Niño del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales, y UNICEF, Oficina de Chile.

El artículo examina la cuestión del derecho a guardar silencio por un adolescente imputado de infringir la ley penal, en un fallo norteamericano y en la Ley N° 20.084. Se analizan fundamentos a favor de la diferencia y su expresión normativa.
La diferencia de los menores de edad está reconocida, en general, desde antiguo en el derecho y resultaría incoherente no conservar esa diferenciación en aspectos tan delicados como la renuncia a un derecho tan relevante.
El fallo citado consagra estándares especiales para asegurar que la renuncia a guardar silencio sea voluntaria e inteligente.
La Ley N° 20.084, en su artículo 31 estableció un alto estándar normativa, coherente tanto con la Convención sobre Derechos del Niño y con el resto del orden normativo y con las especificidades de la etapa de desarrollo adolescente, al disponer que sólo se le podrá interrogar por el fiscal en presencia de su defensor.

Extracto:

"La práctica judicial de varios estados norteamericanos, en la actualidad, en conjunto con diversas investigaciones empíricas, han establecido una serie de instrumentos de evaluación de la apreciación, en el caso en concreto, de la voluntariedad de la renuncia a Miranda.
Los más usados son:
1. “Comprehension of Miranda Rights (CMR).”
El examinador presenta cada una de las cuatro principales afirmaciones de Miranda al joven, leyéndolas mientras se las muestra en formato impreso. Luego al joven se le pide que describa el significado de esas afirmaciones “en sus propias palabras”. Este test no ofrece, por sí solo, una evaluación sino que requiere, además, una entrevista y reunir otra información.

2. “Comprehension of Miranda Rights–Recognition (CMR-R).”
Al joven se le presentan tres afirmaciones que siguen a cada advertencia de Miranda y se le pide decir si cada una de las tres declaraciones es "igual" o "diferente" de la advertencia. Se presentan un total de 12 declaraciones, la mitad de las cuales es “igual” y la mitad de los cuales es “diferente”. La cuenta total de CMR-R es el número de declaraciones correctamente identificadas

3. “Comprehension of Miranda Vocabulary (CMV).”
Este un test de vocabulario que usa 6 palabras claves empleadas en la advertencia de Miranda, y donde se le pide al joven que explique su significado.

4. “Function of Miranda Rights in Interrogation (FRI).”
Este instrumento evalúa la apreciación del joven de la importancia de las advertencias de Miranda en el contexto legal, es decir, la razón por las que cada uno de estos derechos es importante. FRI plantea cuatro situaciones descritas en breve viñetas y dibujos; Al joven se le hacen una serie de preguntas que se centran en el aprecio de la juventud de la naturaleza adversarial del encuentro con los policías, la naturaleza aseguradora del contacto con su abogado, la naturaleza protectiva del derecho a guardar silencio a pesar de la autoridad de los policías, y el rol de una pronta confesión.
La cuenta total de CMR-R es el número de declaraciones correctamente identificadas

Adicionalmente, "varios Estados han establecido estatutos que requieren que un padre, abogado, u otro adulto sea consultado o esté presente durante cualquier interrogatorio."

Clase sobre Determinación de la Pena

2007-06-15T18:42:00.000-04:00

En el marco de los Cursos de la Academia Judicial de especialización para jueces de garantía y mixtos, y como parte del equipo docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, hice esta clase sobre Determinación de la Pena y, como les prometí a los magistrados(as) queda aquí a su disposición.

La clase revisa los sistemas de determinación de penas del anteproyecto de 1998, del proyecto del ejecutivo, del aprobado en la Cámara de Diputados y del debate en el Senado, luego examina algunos sistemas de derecho penal juvenil comparado (España, Costa Rica, Uruguay) y finalmente aborda el sistema nacional de determinación de penas: sus principios rectores, sus reglas de extensión y de determinación de naturaleza de la pena, y los límites con que cuenta el sistema.

El data no logra dar cuenta de la riqueza del debate al interior del grupo de jueces que exhibió un gran manejo de los aspectos normativos de la ley y un gran interés y compromiso con el funcionamiento del nuevo sistema.

Invitado por la Universidad del Desarrollo, sede Concepción a su diplomado sobre Responsabilidad Penal Juvenil, a una clase a Concepción, revisé el data e incorporé algunos temas surgidos en el debate con los jueces, un análisis crítico de los instructivos del Fiscal Nacional y una lectura reciente de un excelente paper de Héctor Hernández.

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"Semilla de maldad"

2007-06-13T15:51:00.000-04:00

"!Este que aquí veis, un granuja de cinco años de edad, ha caído preso más veces que los años que carga. Se llama Juan Ramón Ovalle Caballero. ...

Tiene dos hermanos mayores y ambos sufren la décima o duodécima condena por hurto, ebriedad y desorden.

Fueron gúelfos, como Juan Ramón, y ahora son criminales graduados y pillos titulados.
Ahora ha caído preso el rapazuelo de cinco años por encontrarse dentro de una bodega cerrada. Lo habían echado adentro, por un tragaluz, unos hombres grandes y forzudos para que sacase unas trancas de la puerta pero apareció la policía y los grandes huyeron dejando al chico en la trampa.
Juan Ramón está en la Sección de Detenidos de Valparaíso y el juez no sabe qué hacer con ese muchacho, semilla de maldad."

En Revista Sucesos, abril de 1920, "Un criminal precoz".

Así trataba nuestra prensa de comienzos del siglo XX a los niños involucrados en delitos. Sucesos era como nuestra revista Caras o Cosas. Bajo una foto de la familia Navarro en las dunas de Llolleo aparecía esta nota. La frase final es genial. "El juez no sabe qué hacer." Quizá es un buen resumen de lo que nuestro sistema estatal ha sido.
Llegué al artículo a través de una foto hallada en el estupendo libro de Marcos Fernández Labbé, Prisión común, imaginario social e identidad : Chile, 1870-1920.

Condiciones de reclusión de los adolescentes privados de libertad en el Paraguay, 2002-2005

2007-06-07T16:01:00.000-04:00

Sistematización de la experiencia de trabajo de la comisión interinstitucional de visita y monitoreo a centros de reclusión de adolescentes en Paraguay.
Abogacía para el mejoramiento de las condiciones de Reclusión de adolescentes.

Luego del incendio ocurrido en el entonces Correccional de Menores “Coronel Panchito López” el 25 de julio de 2001, cuyo saldo fue la muerte de 9 adolescentes y decenas de heridos por quemaduras e intoxicación, los sobrevivientes fueron distribuidos en los diversos penales de adultos del país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Paraguay en septiembre del 2004.

A raíz de las presiones de las organizaciones de la Sociedad Civil, en agosto del mismo año, fue creada la Comisión Interinstitucional de Visita y Monitoreo de Centros de Reclusión de Adolescentes. Desde entonces se vienen realizando visitas regulares a todos los Penales del país que albergan a adolescentes en conflicto con la Ley. El trabajo de la Comisión, consiste básicamente en un proceso recurrente y sistemático de verificación de las condiciones de reclusión. Así mismo, se realizan recomendaciones de mejora a las autoridades correspondientes e intervenciones puntuales si corresponde.

Los artículos 72 y 73 del apartado M de las “Reglas de la Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad”, sientan las bases de las visitas que realiza esta Comisión. EL estilo y los procedimientos de trabajo permiten una representación plural de todas las fuerzas sociales, lo cual ayuda a garantizar la imparcialidad y proporciona una perspectiva mas amplia sobre los temas tratados.

Organismos Gubernamentales
Ministerio de Justicia y Trabajo:
• Unidad de DDHH
• Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENNAI)
Corte Suprema de Justicia:
• Unidad de DDHH
• Supervisión General de Institutos Penales
Ministerio Público
• Fiscalia de Derechos Humanos
Secretaría de La Niñez y de la Adolescencia
Defensoría del Pueblo

Organizaciones de la Sociedad Civil
Raíces – Para el Fortalecimiento y el Desarrollo
Pastoral Penitenciaria
CDIA (Coordinadora de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
• Rondas
• Projoven

Organismos Internacionales
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF
Agencia de Cooperación Alemana – GTZ

En los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Ley N° 20.084 (DS N° 1.378, de diciembre del 2006) se replica esta experiencia y se la formaliza en nuestro ordenamiento. Les dejo la sistematización del trabajo de la Comisión paraguatya, antecedente directo de las comisiones chilenas.

Clase sobre Especialidad en JPA en normativa internacional y nacional

2007-06-03T21:45:00.000-04:00

Este Data corresponde a una Clase que realicé el 2006, en el Curso de Especialización para Jueces de Garantía en Responsabilidad Penal Adolescente, como parte del equipo docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Se refiere a la Especialidad en Justicia Penal Adolescente en la normativa internacional y nacional.

Pueden bajarlo clikeando aquí en turboupload, o revisarlo on line abajo.

Mettray, Francia, 22 de enero de 1840

2007-06-02T14:14:00.000-04:00

A diferencia de la literatura tradicional sobre infancia y control social que suele situar en Chicago 1899 el año cero, me parece que el hito cero del complejo binomio infancia-control social, como lo conocemos hoy, se encuentra el 22 de enero de 1840. Esta es la fecha en que entra en funcionamiento la primera cárcel juvenil de similar fisonomía que las nuestras.
De hecho, la población que ingresaba a este centro francés, es igual a la que ingresaba hace pocos años (antes del 2002 y la Ley N° 19.806, con las Normas Adecuatorias de la reforma procesal penal) a los centros del Sename en nuestro país.

Foucault es más enfático aún.
"Si tuviera que fijar la fecha en que termina la formación del sistema carcelario, no eligiría la de 1810 y el Código penal, ni aun la de 1844, con la ley que fijaba el principio del internamiento celular. No elegiría quizá la de 1838, en que fueron publicados, sin embargo, los libros de Charles Lucas, de Moreau-Christophe y de Faucher sobre la reforma de las prisiones. Sino el 22 de enero de 1840, fecha de la apertura oficial de Mettray. O quizá mejor, aquel día, de una gloria sin calendario, en que un niño de Mettray agonizaba diciendo: "¡Qué lástima tener que dejar tan pronto la colonial." Era la muerte del primer santo penitenciario. Muchos bienaventurados han ido sin duda a reunirse con él, si es cierto que los colonos solían decir, para cantar las alabanzas de la nueva política punitiva del cuerpo: "Preferiríamos los golpes, pero la celda nos conviene más."
¿Por qué Mettray? Porque es la forma disciplinaria en el estado más intenso, el modelo en el que se concentran todas las tecnologías coercitivas del comportamiento. Hay en él algo "del claustro, de la prisión, del colegio, del regimiento". Los pequeños grupos, fuertemente jerarquizados, entre los que se hallan repartidos los detenidos, se reducen simultáneamente a cinco modelos: el de la familia (cada grupo es una "familia" compuesta de "hermanos" y de dos "mayores"); el del ejército (cada familia, mandada por un jefe, está dividida en dos secciones cada una de las cuales tiene un subjefe; cada detenido tiene un número de matrícula y debe aprender los ejercicios militares esenciales; todos los días se pasa una revista de aseo, y todas las semanas una revista de indumentaria; lista tres veces al día); el del taller, con jefes y contramaestres que aseguran el encuadramiento en el trabajo y el aprendizaje de los más jóvenes; el de la escuela (una hora y media de clase al día; la enseñanza la dan el maestro y los subjefes); y finalmente, el modelo judicial: todos los días se hace en el locutorio una "distribución de justicia". "La menor desobediencia tiene su castigo y el mejor medio de evitar delitos graves es castigar muy severamente las faltas más ligeras: una palabra inútil se reprime en Mettray."

Acá les dejo el link a un fragmento importante de "III. Lo carcelario", el último capítulo de Vigilar y Castigar (1975)

La especialización de la Ley N° 20.084

2007-06-02T14:13:00.000-04:00

El artículo 29 de la Ley N° 20.084: La Especialización de la Justicia Penal para Adolescentes

Sergio Henríquez Galindo

El presente trabajo tiene por objeto interpretar el sentido y alcance de la norma contenida en el artículo 29 de la Ley 20.084, que precisamente prescribe la especialización de la justicia penal para adolescentes.

El documento procura realizar un exhaustivo análisis en la dimensión normativa y práctica del artículo. Así, comienza con un análisis estrictamente normativo, sistematizando la lectura que se puede hacer de la norma bajo la perspectiva de las reglas de interpretación del Código Civil, el Derecho Penal, los Instrumentos Internacionales y la Constitución Política de la República.

Teniendo ya la base jurídica para interpretar la norma, se hace necesario visualizar la dimensión práctica de su implementación, en el contexto de la puesta en marcha de la Ley 20.084. Por ello se revisan los contenidos mínimos y características especiales de las capacitaciones, diferenciando los diversos tipos de actores del sistema que requieren capacitaciones, y analizando cómo estas, en conjunto con un modelo de gestión apropiado, generan finalmente la especialización exigida en la ley. Todo este análisis fue posible gracias a la entrevista con destacados académicos y profesionales, entre los que podemos mencionar a los profesores Miguel Cillero Bruñol, Mauricio Duce Julio y la Psicóloga del Departamento de Menores del Ministerio de Justicia, Mónica Lobato Concha.

Juvenile Probation: The Workhorse of the Juvenile Justice System

2007-06-01T14:14:00.000-04:00

Juvenile Probation: The Workhorse of the Juvenile Justice System

Patricia McFall Torbet

Este artículo en inglés ofrece una panorámica de la situación del equivalente norteamericano de nuestra libertad asistida.

Habla de la libertad asistida como el caballo de carga del sistema de justicia juvenil, cuenta el perfil de los actuales delegados de libertad asistida, de los jóvenes que atienden, etc.

Extracto (traducción propia):

"En 1993, cerca de 1,5 millones de casos de delitos fueron vistos por los tribunales de menores. Virtualmente cada uno de estos casos tuvo contacto con algún delegado de libertad asistida en algún momento.
Los departamentos de libertad asistida examinan los antecedentes de la mayoría de los casos para determinar cómo ellos deben ser procesados, qué decisiones sobre privación o restricción de libertad se deben tomar en algunos de esos casos, preparan informes de investigación en la mayoría de ellos (informes psicosociales, en jerga nuestra), y ofrecen supervisión para cerca de un millón y medio de ellos, y entregan servicios de acompañamiento para muchos de quienes son liberados o egresan de las instituciones de internación o privación de libertad. Desde 1929, cuando el primer Informe sobre Estadísticas de los Tribunales de Menores fueron publicados usando información de 1927, la libertad asistida ha sido la resolución abrumadoramente más elegida por los jueces de los tribunales de familia y de menores.

En 1993, el 56% de todos los casos juzgados por infracción a la ley penal, recibieron libertad asistida como la más severa resolución judicial, comparado con un 28% de casos donde se ordenó al internación en alguna institución, un 12% al que se le dio alguna otra sentencia (p. ej. multas, restitución, o servicio comunitario), y un 4% que fue terminado sin sanción alguna.

En los pasados años, el Centro Nacional para la Justicia juvenil (NCJJ) ha producido informes, partes de los cuales describen la profesión de libertad asistida o los jóvenes en libertad asistida (ver Referencias). Esta información está resumida aquí para presentar el más completo cuadro de la actividad actual de la libertad asistida en los EE.UU.

Generalmente, los delegados de libertad asistida son hombres blancos, con educación universitaria, entre 30 y 49 años, con 5 a 10 años de experiencia en el campo. Típicamente los delegados ganan entre 20.000 a 39.000 dólares al año, y reciben un paquete de beneficios estándar, pero no necesariamente incrementos anuales de sus salarios. El promedio de casos es de 41 jóvenes. A pesar de que en algunas oportunidades, los delegados tienen poderes de arrestar, ellos normalmente no portan armas.

Algunos de los típicos problemas que encaran los delegados de libertad asistida son la falta de recursos, el insuficiente equipo de trabajo, y demasiados casos. Aunque ellos eligen esta área de trabajo “para ayudar a los chicos”, sus grandes fuentes de frustración son la incapacidad de impactar las vidas de los jóvenes, la actitudes de los jóvenes en libertad asistida y sus familias, y las dificultades en conseguir identificar éxitos."

Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño de NU

2007-05-30T14:20:00.000-04:00

Observaciones Finales a Chile del Comité de Derechos del Niño de NU

Con posterioridad a la presentación por parte de Chile de su Tercer Informe Periódico, y a la exposición que una delegación hiciera en Ginebra en enero del 2007, el Comité envió sus Observaciones finales. Destaco los siguientes párrafos:

"40. El Comité reitera su preocupación previa (CRC/C/15/Add.173 parraf. 31-32) y lamenta que el artículo 234 del Código Civil figure autorizando castigo corporal en el hogar. Además, el Comité nota la falta de datos estadísticos sobre el número de casos reportados y está preocupado de que el castigo corporal continúe ocurriendo en el hogar, así como también en escuelas e instituciones."

En cuanto a Justicia Juvenil, esto es lo que señala el Comité:
"El Comité está preocupado respecto de que la nueva legislación sobre justicia juvenil permita la privación de libertad por hasta 5 años respecto de adolescentes entre 14 y 16 años y la aplicación de respuestas penales por debajo de los 14 años en ciertas circunstancias. También esta preocupado acerca de la falta de suficientes medidas socio-educativas para tratar con niños en conflicto con la ley, sin recurrir a los procedimientos penales y por limitar el uso de la privación de libertad. Además, el Comité observa la falta de programas de reparación y reintegración social para niños.

72. El Comité reitera su recomendación previa de que el Estado parte establezca un sistema de justicia juvenil, en particular antes de que la nueva legislación entre en vigencia, totalmente de acuerdo con la Convención, en particular los artículos 37, 40 y 39, y con los otros estándares de Naciones Unidas en el campo de la justicia juvenil, incluyendo las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la administración de la justicia juvenil (las Reglas de Beijing), las Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Rihad), las Reglas de Naciones Unidas para la protección de jóvenes privados de libertad (Reglas de La Habana) y las Directrices de Viena de Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal; y las recomendaciones del comentario general N° 10 del Comité sobre los derechos de los niños en la justicia juvenil (CRC/C/GC/10).

En este aspecto, el Comité recomienda que el Estado parte, en particular:
a) provea los necesarios recursos humanos y financieros para la implementación de la nueva ley y establezca un sistema de medidas socioeducativas, a fin, tanto de facilitar su aplicación como de contar con una herramienta para la evaluación periódica de su funcionamiento;
b) asegure que la privación de libertad es usada sólo como una medida de último recurso. Cuando sea usada como último recurso, las instalaciones deben cumplir con los estándares internacionales.
c) tome todas las medidas necesarias para asegurar que todas las personas menores de 18 años privadas de su libertad estén separadas de los adultos, en conformidad con el artículo 37 letra c) de la Convención;
d) proporcione asistencia jurídica gratuita a los niños;
e) establezca un sistema independiente, entendible y accesible por los niños, para la recepción y procesamiento de reclamos por los niños e investigue, persiga y castigue los casos de infracciones de la ley cometidos por el personal encargado de hacer cumplir la ley y los guardias de las prisiones;
f) asegure que cada niño privado de su libertad permanezca en contacto regular con sus familias mientras esté en el sistema de justicia juvenil, especialmente informando a los padres cuando su hijo esté detenido;
g) proporcione capacitación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, personal penitenciario, jueces, abogados, fiscales, defensores públicos, personal de salud, trabajadores sociales y otros que lo requieran, sobre los derechos de los niños y sus necesidades especiales;
h) solicite más asistencia técnica en el área de la justicia juvenil y la capacitación de la policía del Panel Interagencias de Naciones Unidas sobre Justicia Juvenil, con la participación de UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de UN para los Derechos Humanos, la Oficina de NU contra la droga y el delito, y ONG’s, etc.”

Comentario General N° 10 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas

2007-05-30T14:15:00.000-04:00

Comentario General N° 10 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas: Los derechos de los niños en la justicia juvenil

Uno de las recomendaciones efectuadas en la sesión del pasado 26 de enero de este año en Ginebra, Suiza, por el Comité de Derechos del Niño, a la delegación de Chile fue la consideración de la normativa internacional en el diseño del sistema nacional, y citó en especial al reciente Comentario N° 10, de enero del 2007, del Comité sobre los derechos de los niños en la justicia juvenil (CRC/C/GC/10).
Este documento está aún en inglés pero queda a su disposición mientras esperamos su traducción.

Comentarios sobre la sanción accesoria del art. 7

2007-05-29T14:15:00.001-04:00

Condiciones en Chile para implementar adecuadamente la futura Ley que establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, en su tratamiento de la criminalidad asociada al consumo de drogas y alcohol
Alejandro Gómez Raby

Este trabajo del abogado experto en el trabajo con adolescentes infractores, Alejandro Gómez, revisa las condiciones en que la sanción de tratamiento de adicción al consumo problemático de drogas u alcohol, puede implementarse exitosamente. Para ello, realiza un análisis dogmático de la sanción del art. 7 de la ley y una serie de entrevistas a operadores del nuevo sistema.

¿De qué hablamos cuando hablamos de especialidad?

2007-05-28T14:16:00.000-04:00

¿De qué hablamos cuando hablamos de especialidad?
Francisco Estrada
Presentación efectuada en el Seminario Internacional: Costa Rica: Diez años de Ley Penal Juvenil, organizado por SENAME, Noviembre del 2006

"La voz del joven en el sistema de justicia requiere oídos capaces de escuchar, ojos capaces de leer, entre el RUC, el RIT, el artículo 436, la existencia o no de agravantes, el iter criminis, la compleja historia detrás de su aparición en el sistema de justicia penal.
El principio de especialidad se instala para ayudarnos a cumplir con el viejo precepto de Ulpiano de dar a cada uno lo suyo."
"No es, entonces, el principio de especialidad una suerte de consejos al juzgador o una máxima moral que estimula nuestra perfección ética. No. El principio de especialidad no es sino la herramienta a través de la cual logramos conformar nuestro actuar a derecho, es nuestra forma de honrar la igualdad ante la ley de los desiguales." (extracto)

Prisión común, imaginario social e identidad : Chile, 1870-1920

2007-05-27T16:20:00.000-04:00

Prisión común, imaginario social e identidad : Chile, 1870-1920

Marcos Fernández Labbé.

El joven historiador Marcos Fernández realiza en este libro un admirable trabajo de recolección de material gráfico y de archivos para reconstruir la génesis del discurso sobre la cárcel en nuestro país, rastrear los orígenes de instituciones contemporáneas como las visitas de cárcel, o los patronatos de reos.
En lo tocante a infancia, es un trabajo que aterriza en nuestro país los esuerzos de Foucault y Donzelot, y nos muestra el nacimiento de las primeras cárceles juveniles a finales del siglo XIX. Al igual que en otras partes, la cárcel juvenil antecede a la ley de menores. Las fotos de época que acompañan el texto son elocuentes de los discursos de orden y benevolencia que caracterizan el período, así como la pretensión positivista de tener la capacidad de construir hombres nuevos, y que aún resuenan como una cruel paradoja del tiempo, cada vez que se discuten temas relacionados al binomio infancia-delito.

Extracto:

“...la idea fundamental que debe presidir a la dirección de una escuela de reforma, es la de que el joven delincuente es un ser de carácter débil que no ha sido preparado para el bien: es necesario suplir a esa falta de cultura, e instruirlo suficientemente para que tenga el derecho de vivir en comunidad con sus conciudadanos ... Una educación severa determina la supresión del mal; i cuando la medida positiva del bien querer se da a conocer, entonces el detenido reprime por si sus malos instintos ... Asi como el militar transforma en un tiempo sumamente reducido el espiritu i el cuerpo de los soldados al no dejarles jamas la libre elecci6n de la ocupación, de la misma manera conseguiremos que en nuestro plantel correccional se consigan progresos sorprendentes tanto por la buena disposici6n al trabajo como por el estudio sostenido, mediante una benevolencia razonada, sin temores ni desfallecimiento.”~~.

El componente socio educativo: ¿sanción u oferta social?

2007-05-27T14:16:00.000-04:00

El componente socio educativo: ¿sanción u oferta social?
Jorge Lavanderos Svec
Abogado

En este artículo, Jorge - que ha trabajado en la ONG ACHNU en la defensa de derechos de niños y adolescentes- busca abordar de manera sistemática cómo aparece reflejado el componente socio educativo en nuestra nueva legislación penal adolescente, la Ley 20.084.

Las salidas alternativas y las sanciones no privativas de libertad

2007-05-26T14:16:00.000-04:00

Las salidas alternativas y las sanciones no privativas de libertad de reparación del daño y servicios en beneficio de la comunidad en el subsistema de responsabilidad penal de adolescentes infractores de la ley penal.
Ana María Morales Peillard

El presente artículo analiza, desde una perspectiva normativa y dogmática, la regulación de las salidas alternativas y las sanciones no privativas de libertad de reparación del daño y servicios en beneficio de la comunidad en la LRPA, e intenta demostrar las consecuencias de su regulación legislativa a la luz de los fines perseguidos con su consagración.

La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, por Enrique Cury U., Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Católica

2007-05-25T20:19:00.001-04:00

Esta columna de opinión fue publicada el 15 de mayo del 2007 en la sección Editorial del Diario El Mercurio (http://editorial.elmercurio.com).

"En el último tiempo se habla y escribe con frecuencia de la Ley Nº 20.084 sobre Responsabilidad Penal Juvenil y su próxima entrada en vigencia. Pero yo creo que el ciudadano común no se explica la razón por la cual esa legislación importa tanto y, peor aún, es posible que se la explique mal. Por eso, vale la pena hacer algunas reflexiones al respecto.

En materia de delincuentes juveniles en Chile ha regido un sistema consagrado en el Código Penal de 1875 en su artículo 10 Nºs. 2º y 3º. Con arreglo a esas disposiciones, los menores de 16 años son inimputables: en consecuencia, no pueden ser sometidos a una pena pero sí a una "medida de protección" de las que contempla la Ley de Menores.

A su vez, los mayores de 16 años y menores de 18 son también, en principio, inimputables, salvo que el juez de menores declare que han obrado "con discernimiento", en cuyo caso es posible imponerles una pena pero, en todo caso, inferior (en un grado) a la que les habría correspondido de ser adultos.

De este sistema, que rige en Chile desde hace más de un siglo y que continuará en vigor hasta la entrada en vigencia de la Ley 20.084, se ha dicho que era malo. Eso podría discutirse, pero lo que sin duda es cierto es que funcionaba mal.

Desde luego, siempre existieron dudas sobre lo que se debía entender por "discernimiento". A causa de eso, pero, además, porque nunca dispusieron de apoyo pericial bastante y eficiente, los jueces de menores hacían la declaración de discernimiento de manera azarosa, de suerte que casos iguales se resolvían de modo diferente.

Además, las declaraciones tardaban en formularse mucho más de lo previsto por la ley y, durante ese lapso, los adolescentes permanecían privados de libertad en establecimientos sobrepoblados y carentes hasta de la infraestructura más elemental.

Pero posiblemente lo peor del procedimiento ante el juez de menores era que, a lo largo de él, los menores carecían de asistencia jurídica y de medios para hacer valer sus defensas y puntos de vista. De esta forma, las decisiones de esos jueces estaban expuestas a incurrir en arbitrariedades, y el menor obligado a tolerarlas sin disponer de recursos para reclamar de ellas.

Se conocieron así casos en los cuales después de que el juez penal había eximido de responsabilidad en un hecho a todos los supuestos partícipes adultos, al único chico que había intervenido en ellos y era tan inocente como sus compañeros mayores el juez de menores le impuso, no obstante, una "medida de protección" completamente inmotivada.

Para un joven de l4 o 18 años -probablemente también para muchos aún menores- tal situación es insoportable, pues a esa edad un muchacho o muchacha goza usualmente de madurez suficiente como para aspirar a que sus razones sean escuchadas y su persona respetada por lo menos tanto como la de un adulto cualquiera.

Por supuesto, aquí sólo estoy destacando, de manera tosca, algunos de los aspectos en los que la vieja ley ha funcionado mal, pues no dispongo de espacio para apreciaciones más finas.

En todo caso, lo que me interesa enfatizar es que en su origen -y posiblemente todavía en su versión actual- la Ley 20.084 buscó corregir esos abusos, creando para los menores un sistema punitivo más justo, orientado a su resocialización por una parte, pero también al respeto de su persona y sus derechos fundamentales, que en el sistema antiguo no se cautelaban.

Así, por ejemplo, si bien se rebaja la edad desde la que los jóvenes pueden ser castigados, se intenta crear un régimen de penas que mire efectivamente a su recuperación para la sociedad, ya que a su edad eso es más factible que respecto de los delincuentes mayores.

De la misma forma, se establece un procedimiento en que el adolescente siempre sea asistido por una defensa letrada y pueda hacer valer sus puntos de vista, evitando que se lo trate como el objeto irracional de unas medidas supuestamente protectoras.

A su paso por los órganos legislativos, el proyecto inicial sufrió modificaciones que alteran en parte sus propósitos iniciales. Aun así, la Ley 20.084 establece un sistema penal para los jóvenes que mira esencialmente a los objetivos antes bosquejados.

La ciudadanía debe tenerlo claro y no caer en errores como, por ejemplo, imaginar que se trata de una normativa destinada a perseguir con más dureza a los adolescentes que delinquen o, peor aún, a erradicar la delincuencia juvenil.

Es verdad que, si se la aplica adecuadamente, la ley puede contribuir algo al último objetivo, pero esto depende también de otras instancias distintas de la legislativa. Sería lamentable que la opinión pública se confundiera y le atribuyera unas metas que no está llamada a alcanzar y que, seguramente, tampoco podrían ser alcanzadas mediante una pura modificación legal"

Utilización y aplicación de las reglas y normas de las NU en materia de prevención del delito

2007-05-25T14:24:00.000-04:00

Utilización y aplicación de las reglas y normas de las NU en materia de prevención del delito y justicia penal.
Informe del Secretario General

El presente informe se ha preparado en respuesta a la resolución 1996/16 del Consejo Económico y Social. Contiene información recibida de los Gobiernos sobre la utilización y aplicación de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las NU para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las NU para la protección de los menores privados de libertad, en base a un cuestionario sobre esta cuestión. Los resultados que se reseñan en el informe ayudarán a los países a evaluar los progresos realizados en la utilización y aplicación de esos instrumentos, y a la Comisión en su labor de examen de su aplicación, y facilitarán la determinación de las medidas que deberán adoptarse en el futuro.

Estudio sobre Implementación de RPA

2007-05-24T14:23:00.000-04:00

Estudio sobre las necesidades institucionales y programáticas para la implementación de la futura Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes
Investigadores responsables: Paula Barros, Jaime Couso, Alejandra Ramm
Investigadores asociados: Alejandro Gómez, Claudio Medina

Jacques Donzelot

2007-05-23T18:15:00.000-04:00

En rigor, Foucault (este 26 de junio se cumplen 23 años de su partida) ha carecido de seguidores que hayan continuado su trabajo y más bien ha tenido el triste privilegio de poseer comentaristas, reseñadores y tesistas que han repetido sus párrafos una y otra vez, abusando del copy&paste, y disfrutando una inmensa obra que nadie puede reclamar haber leído en su totalidad.

Quizá el mejor alumno ha sido Jacques Donzelot, quien en La Policía de las Familias prosigue el abordaje histórico, genealógico, de las instituciones, y que en esta obra se dedica a acompañarnos en un paseo con los ojos muy abiertos, por el nacimiento del tribunal de menores francés, la tecnología de las ciencias sociales y el rol que se le asigna a la familia en el orden social a principios del siglo XX.

Muchos párrafos de este libro aún mantienen sintonía con lo que ocurre en nuestro sistema de justicia de familia y de menores, y por ello, es altamente recomendable su lectura al iniciar la construcción de un nuevo sistema de justicia adolescente. Aquí dejo dos capítulos de esta obra, que son parte de un muy completo curso armado hace algunos años por el Instituto Interamericano del Niño y cuyos documentos aún están disponibles en la web:

El complejo tutelar;
La conservación de los hijos;

A cien años de la creación del primer tribunal de menores

2007-05-23T14:23:00.001-04:00

A cien años de la creación del primer tribunal de menores y 10 años de la Convención sobre los derechos del niño: el desafío pendiente
Julio Cortés Morales

El autor, abogado de Corporación Opción, en este artículo realiza una presentación de los desafíos que se plantean en materia de justicia juvenil desde la larga historia que posee el binomio infancia y derecho.

Algunas consideraciones sobre la implementación de RPA

2007-05-22T14:22:00.001-04:00

Algunas consideraciones sobre la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
Hipólito Cáceres
Director Ejecutivo Fundación Tierra y Esperanza

Con motivo del trabajo en la Comisión de Expertos en RPA, Hipólito Cáceres, Director Ejecutivo de Fundación Tierre de Esperanza, una importante ONG que trabaja con adolescentes infractores en varias regiones del país, preparó esta presentación.

Hipólito tiene su sede en la VIII región, quiza la zona del país donde la reflexión sobre responsabilidad penal adolescente me parece más avanzada y donde el circuito es el más afiatado y comprometido.

Revista de UNICEF: Justicia y Derechos del Niño

2007-05-21T14:22:00.000-04:00

UNICEF realiza anualmente, para el Cono Sur, un Curso profundizado para jueces, fiscales y defensores, sobre Protección Jurisdiccional de los derechos de la infancia. Este Curso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Justicia.

Como material pedagógico para este curso, se edita una Revista "Justicia y Derechos del Niño", que contiene artículos de los más destacados autores de la región.
Aquí pueden acceder a algunas de estas revistas, también disponibles en el sitio web de UNICEF Chile.

Volumen 1, 1999

- Modelo de la protección integral de los derechos del niño y de la situación irregular: Un modelo para armar y otro para desarmar Mary Beloff
- Infancia, ley y democracia: una cuestión de justicia Emilio García Méndez
- El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Miguel Cillero Bruñol
- A 100 años de la creación del primer tribunal de menores y 10 años de la convención internacional de los derechos del niño: el desafío pendiente, Julio Cortés Morales
- Problemas teóricos y prácticos del principio de separación de medidas y programas. Entre la vía penal-juvenil y la vía de protección especial de derechos, Jaime Couso Salas
- Derechos económicos, sociales y culturales. Protección jurisdiccional de los intereses difusos y colectivos de la población infanto-juvenil, Josiane Rose Petry Veronese

Volumen 2, 2000

- Los niños como titulares del derecho al debido proceso, Julio B. J. Maier
- Consideraciones sobre la incidencia de la Convención sobre los Derechos del Niño en el Uruguay, Jorge A. Marabotto
- Sistemas de Protección Internacional de los Derechos Humanos, Mónica Pinto
- El Perfil del Juez en el nuevo Derecho de Infancia y la Adolescencia, Joao Batista Costa Saraiva
- El Ministerio Público y los Derechos del Niño y del Adolescente en el Brasil, Paulo Afonso Garrido de Paula
- Responsabilidad Penal Juvenil y Derechos Humanos, Mary Beloff
- Delincuencia Juvenil y Derechos Humanos, Carlos Uriarte
- Adolescentes y Sistema Penal: Proposiciones desde la Convención sobre los Derechos del Niño, Miguel Cillero Bruñol
- La Construcción punitiva del abandono, Héctor Erosa
- ¿Es posible la democracia cuando muchas criaturas no pueden jugar? Reflexiones acerca del trabajo infantil, Alicia Ruiz
- La sanción de reclusión perpetua y la Convención sobre Los Derechos del Niño: Una relación incompatible (Argentina), Gimol Pinto y Mabel López Oliva
Comentario a la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel (Chile), Montserrat Rodríguez

Volumen 3, 2001

- Algunas confusiones en torno a las consecuencias jurídicas de la conducta transgresora de la ley penal en los nuevos sistemas de justicia latinoamericanos, Mary Beloff
- Los derechos del niño en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Cuando un caso no es “El caso”. Comentario a la sentencia Villagrán Morales y otros (caso de los “niños de la calle”), Mary Beloff
- Los derechos del niño: de la proclamación a la protección efectiva, Miguel Cillero Bruñol
- Nulla poena sine culpa. un límite necesario al castigo penal, Miguel Cillero Bruñol
- ¿Distintas lecturas del artículo 40 de la convención sobre los derechos del niño? (contribución a un intento por acotar los límites de la discusión sobre justicia juvenil sobre la base de una interpretación adecuada de los instrumentos internacionales pertinentes), Julio Cortés Morales
- La dimensión política de la responsabilidad penal de los adolescentes en América Latina: notas para la construcción de una modesta utopía, Emilio García Méndez
- Traduciendo a la realidad el derecho. Evaluación, políticas y planificación, Documento de trabajo de UNICEF
- La defensa jurídica de niñas, niños y adolescentes a partir de la convención sobre los derechos del niño. Algunas consideraciones en torno al derecho de defensa en sistemas normativos que no se han adecuado en su totalidad a la CDN: Los casos de la Argentina y México, Gimol Pinto
- Control sociopenal en sede civil, María Karina Valobra

- Sobre el ejercicio de la defensa de menores infractores, Ricardo C. Pérez Manrique
- Legalidad y crisis en la argentina actual, Emilio García Méndez
- Encuesta: La voz de los adolescentes ¿Por qué la voz de los adolescentes en temas de seguridad ciudadana? Percepciones sobre seguridad y violencia en Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile

Volumen 6, 2004

- Entre el autoritarismo y la banalidad: infancia y derechos en América Latina, Emilio García Méndez
- Luces y sombras de la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Condición jurídica y derechos humanos del niño”, Mary Bellof
- La especialidad del sistema de responsabilidad penal de adolescente. Reflexiones acerca de la justificación de un tratamiento penal diferenciado, Francisco Maldonado Fuentes
- Abandono, amparo e intervención desde la defensa social, Javier M. Palummo Lantes
- Defensorías de la infancia. Experiencia internacional, Miguel Cillero
- Lesbianismo, tuicion e interés superior del niño: Comentarios a una sentencia de la Corte Suprema de Chile, Julio Cortés Morales
- Informe sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia de la República Oriental del Uruguay Ley N° 17.823, de 7 de septiembre de 2004, Javier M. Palummo et al
- Uruguay: Reflexiones sobre el Código de la Niñez y Adolescencia Ley N° 17.283, Dr. Ricardo C. Pérez Manrique
- Derechos humanos, seguridad y los niños, niñas y adolescentes de América Latina, Roberto Garretón

Volumen 7, 2005

- Constitución y derechos del niño, Mary Beloff
- Igualdad educativa y sociedad democrática, Carlos Peña González
- Derechos del niño y educación, Miguel Cillero
- Derechos humanos, derechos del niño y privación de libertad. Un enfoque crítico de las “penas” de los niños, Julio Cortés Morales
- Privación de libertad de adolescentes en Uruguay. Breve comentario del orden jurídico uruguayo. Algunas reflexiones acerca de la terminología utilizada en la ley y en los operadores del sistema juvenil, Susana Falca
- La responsabilidad penal de adolescentes y el interés superior del niño, Miguel Cillero
- La privación de la libertad como coerción procesal en el proceso penal juvenil argentino: un avance en la materia. (Comentario a un fallo argentino), Martiniano Terragni
- En nombre de la protección (Comentario sobre los fundamentos de la privación de libertad impuesta a un adolescente en una sentencia uruguaya), Dr. Javier M. Palummo
- El caso Panchito López (Comentario sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al estado de Paraguay), Eduardo Gallardo
- Situación de los niños y niñas en Chile a 15 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño

Volumen 8, 2006

- Los nuevos sistemas de justicia juvenil en América Latina (1989-2006), Mary Beloff

- Principio educativo y (re)socialización en el derecho penal juvenil, Jaime Couso

- Comentario a la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes de Chile, Miguel Cillero Bruñol
- Notas sobre la génesis y desarrollo de la ley sobre responsabilidad penal de adolescentes de Chile, Luis Ignacio de Ferari
- Derechos de los adolescentes y actividad persecutoria previa al control judicial de la detención, Gonzalo Berríos Díaz
- Criminalidad asociada al consumo de drogas y su abordaje por la Ley N° 20.084. naturaleza jurídica de la sanción accesoria de tratamiento de rehabilitación y otras cuestiones no resueltas, Alejandro Gómez Raby
- Castigo físico y patria potestad, Javier M. Palummo Lantes

- Participación judicial de los niños, niñas y adolescentes, Dr. Ricardo C. Pérez Manrique
- Prisión indebida. Reparación del daño moral, Susana Falca
- La aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba a adolescentes con causas penales en la jurisprudencia de Argentina, Gimol Pinto, Martiniano Terragni
- Mensaje presidencial del proyecto de ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal en Chile
- Ley N° 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal en Chile
- Algunos elementos de apoyo para la defensa en la declaración de discernimiento, Defensoría Penal Pública de Chile
- El futuro de los niños es siempre. Resumen ejecutivo del Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia en Chile

La justicia de menores en el siglo XX

2007-05-20T18:45:00.000-04:00

La justicia de menores en el siglo XX: Una gran incógnita.
Esther Giménez-Salinas Colomer

Esther Giménez-Salinas Colomer, Doctora en Derecho y profesora catedrática de Derecho Penal en ESADE, ha sido recientemente nombrada Rectora por el Patronato de la Universidad Ramón Llull.
Es una de las principales voces en lengua hispana sobre la justicia de menores.

En este artículo (aparecido también en la obra colectiva editorializada por Juan Bustos, Un derecho penal del menor, de la Ediar-Conosur) revisa los tres grandes modelos han presidido la Justicia de Menores desde su creación: el modelo de protección, el modelo educativo y el modelo de responsabilidad.

Examina la situación española en términos históricos y de análisis de la situacion a mediados de los noventa, con especial enfásis en la experiencia catalana, pata terminar discutiendo el perfil de un derecho penal juvenil y su necesidad.

Ofrece algunos criterios sobre por qué determinado límite de edad para el umbral inferior de responsabilidad.

Es un artículo muy ilustrativo de la situación hispana de los noventa.

Los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina

2007-05-20T14:21:00.000-04:00

Los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina
Mary Beloff

Mary Bellof, es profesora de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y consultora de UNICEF. Junto a Cillero, García Méndez, Bustos y Tiffer, ha sido una de las constructoras del modelo de responsabilidad, en lo concerniente a los sistemas juveniles latinoamericanos. Gran lectora de Hanna Arendt, sus clases y artículos nos ayudan a una mirada regional del fenómeno de la justicia adolescente y suele encarar con gran acierto y claridad expositiva los nudos críticos de los temas que aborda.
En este paper se refiere a los sistemas de justicia de la región.

"Los sistemas de responsabilidad penal juvenil incorporados en la mayoría de los países de América Latina a partir de los procesos de adecuación parcial o total de las leyes internas a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño han ido
perfeccionándose a partir de la experiencia acumulada y en particular, a partir de que, en la región, la reforma de las leyes relacionadas con las personas menores de 18 años imputadas de la comisión de delitos ha tenido lugar conjuntamente con la discusión
acerca de la reforma de la administración de justicia.

Estos sistemas tratan, a partir del reconocimiento de la condición de sujetos plenos de los niños y jóvenes por el orden jurídico vigente, en particular por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de vincular al adolescente con su acto infractor a través de diferentes formas e instancias. Excepcionalmente, esa atribución de responsabilidad tiene como consecuencia una reacción estatal coactiva. Aún más excepcionalmente, esa reacción estatal coactiva puede consistir en privación de la libertad.

En definitiva, los sistemas creados en América Latina hasta el momento no son sistemas de justicia juvenil en el sentido en el que tradicionalmente los han entendido el mundo anglosajón y continental europeo. Estos sistemas, a los que se llama de responsabilidad penal juvenil, solo tratan de los jóvenes o adolescentes -como sea que se los defina desde el punto de vista de las edades comprendidas- que lleven a cabo actos
u omisiones descriptos como antecedentes de una sanción penal. En este sentido es importante señalar que pese a los avances que representan las nuevas leyes analizadas más arriba, en general todas incluyen en el sistema delitos y contravenciones."

Presentación del Senador Viera-Gallo

2007-05-19T20:18:00.000-04:00

En noviembre del 2005 se realizó el primer seminario sobre la ley penal adolescente, recientemente aprobada en el Congreso, organizado por la Fundación Friedrich Ebert.

El entonces senador José Antonio Viera-Gallo realizó esta interesante presentación de la ley que pueden descargar desde turboupload o revisarla on line abajo.

Pedagogía y Justicia

2007-05-19T14:13:00.000-04:00

Pedagogía y Justicia
Antônio Carlos Gomes da Costa

El autor, pedagogo brasileño, Director de Fundación FUNDAMIG, en este artículo hace un aporte a las siempre tensionantes relaciones entre el derecho y la pedagogía y la intervención psicosocial.
"Emilio García Méndez ha constatado la existencia de una larga historia de desencuentros, resentimientos y conflictos en las relaciones entre pedagogos y juristas, sobre la que concluye que lo más probable es que en esta contienda ambas partes tengan razón."
Antonio avanza en estas materias y revisa algunos aspetos en que se cruzan estas areas:
"El primer paso en dirección a una justicia juvenil capaz de respetar al adolescente, como sujeto de derechos exigibles contemplados por la ley y, al mismo tiempo, como persona en condición peculiar de desarrollo, es identificar y explicitar con claridad la dimensión pedagógica de las garantías procesales.
El proceso permite al adolescente responder, en el sentido más pleno de la palabra, por las consecuencias de sus actos. Aunque las circunstancias sean, en sí mismas, notoriamente difíciles, el hecho es que la relación acto-consecuencia se presenta frente a él con la nitidez y consistencia que los discursos pedagógicos, normalmente, no consiguen alcanzar.
El adolescente, al tener que responder por sus actos ante la Justicia de la Infancia y de la Juventud, teniendo que oír las acusaciones y defenderse está, en verdad, educándose—más que por el discurso de las palabras— por el curso de los acontecimientos.
Las garantías procesales tienen una innegable naturaleza pedagógica; éstas se explicitan bajo la forma de un conjunto de prácticas y vivencias a las que el joven es sometido y que, sin embargo, en su conjunto, le posibilitan enterarse de la extensión y de la gravedad de sus actos."

Derecho penal mínimo y bienes jurídicos fundamentales

2007-05-18T18:16:00.000-04:00

Derecho penal mínimo y bienes jurídicos fundamentales.-

"... las políticas del Derecho Penal parecen orientarse hoy en sentido diametralmente opuesto. En efecto, prosigue la expansión incontrolada de la intervención penal que parece haber llegado a ser, al menos en Italia, el principal instrumento de regulación jurídica y de control social, aunque sólo sea por la total ineficiencia de los otros tipos de sanciones: civiles, administrativas, disciplinarias, políticas. Desde las pequeñas infracciones contravencionales hasta las variadas formas de ilícitos en materia monetaria y comercial, desde la tutela del ambiente y de otros intereses colectivos hasta la represión de las desviaciones políticas y administrativas de los poderes públicos, cada vez más la sanción penal aparece como la única forma de sanción y la única técnica de responsabilización dotada de eficacia y de efectividad. De ahí ha resultado tal inflación de los intereses penalmente protegidos, que se ha perdido toda consistencia conceptual de la figura del bien jurídico.
Esta distancia entre las aspiraciones teóricas de la cultura penalista de inspiración garantista y las tendencias prácticas de los sistemas penales, exige que el problema del bien jurídico, que es el problema de los fines del Derecho Penal, sea repensado y analizado en los distintos niveles (axiológico, jurídico-positivo y sociológico) de la reflexión penal. Empecemos diciendo que bien jurídico es una palabra densamente valorativa. Decir que un determinado objeto o interés es un bien jurídico, equivale a expresar sobre él un juicio de valor; decir que es un bien jurídico penal, equivale a expresar un juicio de valor penal, es decir una justificación de su tutela mediante prohibiciones y puniciones de su infracción."

Luigi Ferrajoli

Infancia y Democracia

2007-05-18T14:12:00.002-04:00

Infancia y Democracia
Alessandro Baratta

El reputado criminólogo italiano se dedica en este artículo a examinar las relaciones entre infancia y democracia.
"Se ha dicho "los niños son buenos para la democracia". Debo confesar que ni yo mismo, que he usurpado estas eficientes formulaciones, me había dado cuenta de que ellas, en su oposición y complementariedad, testimonian simultáneamente la actual importancia del tema infantil dentro del sistema democrático y la
histórica exclusión de los niños y de los adolescentes del concepto de los programas de acción de la democracia."

"En mi opinión el futuro de la democracia, para utilizar el título de un conocido libro de Norberto Bobbio, está fundamentalmente vinculado al reconocimiento del niño, no como un ciudadano futuro sino como un ciudadano en el sentido pleno de la palabra. Mi tesis es que si en lugar de una interpretación fragmentaria y estática utilizamos una interpretación sistemática y dinámica de la Convención desarrollando su espíritu con el debido respeto de su letra, resultará que el niño, en cualquier fase de su desarrollo, incluso el niño pequeño, tiene una ciudadanía plena. Una ciudadanía plena que es compatible, con la debida consideración de su diferencia con respecto a los adultos, es decir de su identidad como niño. Por último, las diferencias en la forma del ejercicio
de los poderes y de las funciones democráticas entre el niño y el adulto, por lo que concierne en particular a las posiciones de los niños y de los adultos en el funcionamiento del sistema de la representación política, están compensadas a favor del niño por el sistema de los derechos que se desprende de la Convención y por la centralidad del niño en una nueva fundación del Estado social y democrático de derecho. En este último sentido, el principio de la
prioridad absoluta del niño no concierne solamente a la finalidad de un desarrollo alternativo sino a la forma misma, es decir la metodología comunicativa de este desarrollo, en otras palabras a la democracia inclusiva."

BARATTA Infancia y Democracia

La dimensión política de la responsabilidad penal de los adolescentes en América Latina

2007-05-17T14:11:00.002-04:00

La dimensión política de la responsabilidad penal de los adolescentes en América Latina: Notas para la construcción de una modesta utopía
Emilio García Méndez

El autor, hoy diputado argentino, ha sido un criminólogo que ha destacado por aportar una mirada crítica al discurso tutelar por tantos años imperante en Latinoamérica respecto de los menores.
En noviembre del año pasado estuvo invitado por el Ministerio de Justicia en un Seminario sobre Violencia y Política Criminal, donde relevaría su reflexión sobre cómo ante las infracciones adolescentes a la ley penal nos debatimos entre dos extremos: el idealismo hipócrita (son "niñitos") y el retribucionismo hipócrita (son "semilla de maldad" como acostumbran titular los diarios ante algún delito de repercusióno mediática).

En este artículo "pretende considerar el tema desde una perspectiva diversa. Desde el punto de vista epistemológico, un fuerte énfasis en un enfoque que podríamos denominar social-constructivista, y para el cual la realidad no es un dato dado, sino el resultado de una construcción social, sustituye de plano a un enfoque ontológico (psicologista o sociologista) para el cual las respuestas jurídicas o institucionales a la “delincuencia juvenil” son un dato menor o ignorable, comparadas, por ejemplo, con las pulsiones de los jóvenes o su ubicación en la escala social.
Para el presente análisis, dos premisas resultan centrales: a) la necesidad de incluir todas las reacciones y respuestas al fenómeno, como un elemento co-constitutivo del mismo, y b) la necesidad de considerar con un cierto detenimiento el tipo de vínculo de este tema con algunos problemas mayores de la política y la democracia."

Destacaría su análisis en cuanto a cómo con la serie de reforma legales que se inician en 1990 (y a las que Chile se sumó el año antepasado), "los adolescentes dejan de ser responsables penalmente por lo que son (recuérdese que la dimensión penal de la responsabilidad debe medirse por las consecuencias reales que genera y no por el mero discurso declarado) para comenzar a serlo únicamente por lo que hacen y eso sólo cuando este hacer implica una infracción a normas penales. Este proceso ha sido y es extremamente difícil y complejo. Pocas transformaciones jurídicas han enfrentado y enfrentan tantas resistencias. Una prueba (de tantas) de las dificultades para la implantación de los modelos de responsabilidad penal de los adolescentes en América Latina se manifiesta, sobre todo, en el variado signo ideológico de las resistencias que genera, aunque, y es muy importante reconocerlo, buena parte de ellas con un fuerte predominio de posiciones corporativistas. Este tipo de resistencias demuestra, tanto el carácter arraigado de la cultura de la compasión-represión como que el corporativismo, es decir la tendencia a anteponer los intereses sectoriales a cualquier otra preocupación de bien común, está “democráticamente” distribuido en todo el espectro ideológico de las instituciones y los movimientos sociales."

Inimputabilidad y edad penal

2007-05-16T14:11:00.002-04:00

Inimputabilidad y edad penal

por Juan Bustos

"La tendencia en la doctrina y la legislación ha sido la de determinar la imputabilidad desde las ciencias naturales. En las legislaciones antiguas sobre la base de la psiquiatría y posteriormente en relación a la psicología. Sólo modernamente se ha incluido una dirección valorativa y se plantea la imputabilidad como una cuestión a definir normativamente. En todo caso, sin embargo, se tiende a dar una importancia fundamental a las ciencias naturales.

Esta tendencia habría que ponerla en revisión desde dos perspectivas diferentes. Por una parte desde el contenido mismo de la fórmula utilizada y, por otra, en relación a la fórmula misma.

(...)
El problema de la imputabilidad gira en torno a la consideración del individuo como persona, esto es, como un sujeto dotado de derechos y al que se le
pueden imponer obligaciones. Esto es, de un sujeto dotado de autonomía. Se trata, como señala la Constitución de "la dignidad de la persona" y de "los derecho inviolables que le son inherentes". Luego la discusión sobre la imputabilidad no se puede dar en términos naturalísticos o simplemente de una mixtura de estos elementos con otros de carácter valorativos. La problemática de la imputabilidad es primeramente una cuestión a resolver desde un punto de vista político jurídico."

El artículo continúa revisando críticamente la tradicional visión de la imputabilidad para terminar refiriéndose a los límites etáreos de ésta.

JUAN BUSTOS Imputabilidad y Edad Penal