Víctimas y sistema penal

Mauricio Duce J.
Cristián Riego R.
Juan Enrique Vargas V.

"Todas las propuestas que se han conocido en los últimos días para abordar las carencias en materia de seguridad ciudadana tienen como punto en común mejorar la situación en que se encuentran las víctimas frente a los delitos. Existe una extendida sensación de que quienes los sufren no son acogidos debidamente por el sistema, ni sus intereses adecuadamente representados. Sin duda, se trata de un diagnóstico acertado. Sin embargo, la solución que más comúnmente se plantea, la de crear una defensoría para las víctimas, no nos parece adecuada, es más, creemos que puede generar nuevos y más graves problemas. Por lo pronto, no es cierto que el nuevo sistema penal fuera diseñado concediendo gruesos recursos para la defensa de los imputados -a través de la Defensoría Penal Pública- y no previera fondos para hacerse cargo de la defensa de las víctimas. La institución más fuerte creada por el nuevo sistema penal fue la del Ministerio Público, que cuenta con un presupuesto anual de más de 80 mil millones de pesos, bastante superiores a los 30 mil millones de la defensoría.

Pues bien, una de las funciones centrales establecidas para el Ministerio Público con rango constitucional es precisamente la protección de las víctimas. A ello debe sumarse que es misión central de los fiscales del Ministerio Público defender los intereses de la sociedad frente a la comisión de los delitos. Esos intereses son, en la mayoría de los casos, exactamente los mismos que los de las víctimas. Por lo mismo, no hay ni puede haber, salvo en una porción limitada de los casos, diferencia entre lo que la víctima o la sociedad les piden a los fiscales que hagan.

Crear una nueva institución pública para que asuma la función de representarlas no sólo significaría duplicar recursos, sino, más grave aún, constituiría un muy negativo mensaje hacia los fiscales, pues vendría a ratificar la errada tesis que se ha ido posicionando estos años de que ellos no tienen que hacerse cargo de los intereses de las víctimas. La solución debe tomar la dirección completamente contraria: lo que hay que hacer es introducir como uno de los principales indicadores para evaluar y premiar a las fiscalías y a los fiscales el grado de satisfacción que logran en las víctimas que atienden.

Con esa misma finalidad, las víctimas -tanto individual como organizadamente- deben ejercer un control lo más cercano posible a la actividad del Ministerio Público. Para que ello sea posible, deben establecerse herramientas que potencien su dinamismo como actores de la sociedad civil, independientes de las agencias estatales. Esto se puede lograr creando mecanismos especiales de "accountability" sobre los fiscales y mejorando los ya existentes. Por ejemplo, sería posible financiar con fondos públicos a las organizaciones de víctimas con el fin de que contaran con las capacidades técnicas necesarias para controlar la eficacia de las fiscalías o ampliar las obligaciones de rendiciones de cuentas públicas por parte del Ministerio Público (en materia de oportunidad, desagregación de datos, contenidos de los mismos, etcétera).

Por otra parte, la creación de una defensoría de las víctimas podría generar otros efectos en el sistema que no serían deseables. Así, la masificación de los querellantes en el sistema acarrearía enormes problemas en el funcionamiento de los procedimientos, los que debieran tener un impacto en disminuir el dinamismo que aquél ha venido mostrando y que todos reconocen como una de sus virtudes principales, incluidas las propias víctimas.

Todo lo anterior no excluye que en aquellos pocos casos en que los intereses de las víctimas sean distintos de los de la comunidad, el Estado pueda y deba favorecer que aquellas víctimas que no cuenten con recursos tengan representación legal. Pero aún en esa hipótesis, lo conveniente es que esa representación se preste por actores no estatales, pues nada garantiza que una nueva agencia pública no genere sus propias lógicas corporativas, alienadas del interés de sus usuarios, como ya lo hemos visto ocurrir tantas veces en nuestro país."

Fuente: Tribuna en El Mercurio, Lunes 5 de Noviembre del 2007.-