El costo de mantener a un recluso

Artículo en La Segunda.
Bernardita Williamson, Fundación Paz Ciudadana.

Para atender a la creciente población recluida y mejorar las malas condiciones existentes al interior de los recintos penales, en 2002 el Gobierno impulsó un programa de cárceles concesionadas que establecía la construcción de 10 establecimientos penitenciarios que debían estar operativos en un período de 4 años, aumentando la capacidad en 16 mil plazas.
En la actualidad están en funcionamiento sólo seis de estas cárceles concesionadas, las cuales cuentan con una capacidad total de alrededor de 10 mil plazas y albergan aproximadamente al 20% de la población penal nacional. A pesar de este aumento de la capacidad, como la población recluida se ha incrementado en 89,7% durante la última década, aún sigue existiendo una importante tasa de hacinamiento.
Adicionalmente, el problema se agrava si se consideran los altos costos que implica mantener a personas recluidas en ambos tipos de recintos penales. En los últimos meses se ha intentado responder a la interrogante de cuánto cuesta mantener a un recluso y se han presentado algunas estimaciones que conviene revisar. Mediante un cálculo sencillo, considerando el presupuesto total de Gendarmería que corresponde al sistema cerrado y el número de personas que deben permanecer recluidas, es posible obtener que el costo mensual de mantener un interno en una cárcel pública es de $242.528. Por su parte, en el caso de las cárceles concesionadas, según fuentes de Gendarmería, el costo es aún mayor, debido a que los estándares (como infraestructura, alimentación, etc.) son también superiores, alcanzando a ser en promedio $372.215 mensuales, es decir 53% por sobre el costo en las cárceles públicas. Es así como mantener a una persona presa durante un mes en una cárcel pública supera ampliamente al salario mínimo (de $159.000), mientras que en una concesionada cuesta más del doble de éste.
Financiar la reclusión tiene un alto costo para el país. Indudablemente, respecto de ciertos delitos, no importa cuánto cueste esa mantención, porque el objetivo principal es inhabilitar a quienes los han cometido. Sin embargo, si las políticas se orientan a condenar a todos a penas privativas de libertad, sin considerar que, en casos específicos, las medidas alternativas, estructuradas adecuadamente y sin dejar espacio para la impunidad, pueden ser más eficientes, se estará gastando recursos sin lograr el objetivo tan deseado de reducir la delincuencia.